Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La discusión de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’ en el Senado de la República atraviesa un estancamiento crítico debido a discrepancias internas en la bancada oficialista y la resistencia del Partido del Trabajo (PT). La iniciativa, que busca modificar cuatro artículos constitucionales para establecer un tope presupuestal del 0.7% para los congresos locales y reducir el número de regidores y síndicos municipales, tiene programada su dictaminación en comisiones para este martes 24 de marzo, aunque versiones parlamentarias indican que podría postergarse hasta después de la Semana Santa por falta de consensos.
El punto de mayor fricción radica en la propuesta de realizar la revocación de mandato presidencial en junio de 2027, coincidiendo con las elecciones legislativas. El PT ha manifestado su rechazo a este calendario, argumentando que dicha sincronización beneficiaría electoralmente a Morena. Esta divergencia ha generado contradicciones públicas entre los líderes legislativos: mientras el presidente de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció que el dictamen estaría listo para la fecha prevista, el senador Ricardo Monreal reconoció que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es consciente de que podrían no alcanzar los votos necesarios en el Congreso para aprobar la reforma en su estado actual.
Por su parte, Óscar Cantón Zetina, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que la fuerza política cuenta con los votos requeridos para sacar adelante el dictamen en las comisiones, minimizando las dudas sobre la viabilidad legislativa. Sin embargo, la incertidumbre persiste ante la falta de un acuerdo formal con el PT y la solicitud de los partidos de oposición (PAN, PRI y Movimiento Ciudadano) para retirar la iniciativa de la agenda legislativa.
En medio del debate político, siete consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) —Arturo Castillo Loza, Carla Humphrey, Martín Faz, Rita Bell López, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala— emitieron un posicionamiento para desmentir versiones que atribuyen al organismo la autoría o respaldo de un documento específico sobre el Plan B. Los consejeros buscaron clarificar su postura institucional frente a las especulaciones sobre el origen técnico de la propuesta en discusión.
La reforma electoral también incluye medidas de austeridad republicana que impactarían la estructura de los gobiernos municipales y los presupuestos de los poderes legislativos estatales. A pesar de la urgencia manifestada por el ejecutivo federal para concluir este proceso legislativo, la aritmética parlamentaria y las negociaciones de última hora con el PT determinarán si el dictamen logra salir de las comisiones o si su discusión se extiende indefinidamente.
