Trenton, 24 de junio de 2026.- El Departamento de Estado anunció la implementación de un nuevo bloque de sanciones dirigidas a cinco entidades comerciales y a una integrante de la familia Castro. Los acusados son señalados de generar ingresos para sostener el aparato de seguridad gubernamental en Cuba.
La medida, impulsada por el secretario Marco Rubio, busca restringir el flujo de capitales que la administración caribeña utiliza para financiar operaciones de control social. Tres de las corporaciones penalizadas mantienen vínculos directos con el Grupo de Administración Empresarial (GAESA), un conglomerado controlado por la cúpula militar de la isla.
Las autoridades norteamericanas identificaron a dos instituciones financieras y a una compañía de logística encargadas de movilizar recursos monetarios y bienes materiales para consolidar las directrices de los mandos estatales. La disposición federal también contempló restricciones operativas para la empresa estatal GeoMinera y para otra entidad enfocada en la extracción y comercialización de reservas metálicas.
El departamento diplomático agregó a la lista de personas bloqueadas a la esposa de Alejandro Castro Espín. Según el anuncio, ella ya enfrentaba medidas punitivas previas emitidas bajo las normativas de la Casa Blanca.
