Por Redacción
San Salvador, 20 de marzo de 2026.- Funcionarios del gobierno de El Salvador avanzaron en la presentación de una propuesta legislativa para imponer prisión perpetua a menores de edad condenados por asesinatos o violaciones, ampliando el alcance de la reciente reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa. La medida fue impulsada por Nayib Bukele y cuenta con el respaldo de los ministros Gustavo Villatoro, de Seguridad, y Francis Merino, de Defensa, quienes trabajan en los detalles de la norma que deberá ser sometida a votación en los próximos días.
Esta iniciativa representa un endurecimiento sin precedentes en la legislación salvadoreña, donde hasta ahora la condena máxima para cualquier delito, incluyendo aquellos cometidos por adultos, se limitaba a 60 años de cárcel. La propuesta busca equiparar la severidad de las penas para menores involucrados en crímenes graves con la nueva disposición constitucional que permite la cárcel de por vida para homicidas, violadores y terroristas adultos.
La base legal de esta acción es la enmienda a la Constitución aprobada el martes anterior por el órgano legislativo, la cual eliminó la prohibición histórica de condenas a perpetuidad que existía en la Carta Magna del país. Con este cambio, se abre la puerta jurídica para que el sistema penal aplique sanciones de duración indefinida, rompiendo con el límite temporal que regía anteriormente en la nación centroamericana.
Los ministros Gustavo Villatoro y Francis Merino han sido las figuras clave en la comunicación de esta política de seguridad, aunque la investigación no detalla declaraciones textuales específicas de cada funcionario sobre los criterios de edad o los procedimientos exactos que definirán qué se considera “menor” bajo esta nueva ley. La falta de precisión sobre el rango etario exacto y el nombre específico del proyecto de ley son datos que se esperan definir durante el proceso de discusión legislativa.
La presentación de la propuesta ocurrió el jueves 19 de marzo de 2026, un día antes de la fecha de este reporte, marcando el inicio del trámite formal para su aprobación. Se prevé que la norma sea discutida y votada en el Congreso en el corto plazo, consolidando así la estrategia del ejecutivo de endurecer las penas como parte de su política de combate al crimen.
Este movimiento legislativo se da en un contexto de transformación profunda del sistema de justicia salvadoreño, donde la eliminación de garantías constitucionales previas sobre la duración de las penas marca un giro hacia un modelo de tolerancia cero. La extensión de la pena perpetua a la población menor de edad genera un debate implícito sobre los límites del derecho penal, aunque la investigación actual se centra exclusivamente en los hechos políticos y legislativos de la propuesta gubernamental.
