Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua, una medida impulsada por el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas para castigar delitos graves. La enmienda, que modifica el artículo 27 de la Constitución que antes prohibía expresamente esta pena, fue respaldada por 59 diputados oficialistas y aliados, sumándose dos legisladores de oposición para totalizar 61 votos a favor. La reforma se produce en medio del régimen de excepción vigente desde hace cuatro años, una política de seguridad que ha sido señalada por organismos internacionales por posibles violaciones a derechos humanos.
El presidente Bukele celebró la aprobación en sus redes sociales, presentándola como un paso más en su estrategia de “mano dura” contra la criminalidad y las pandillas. Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, declaró que las acciones del gobierno para combatir la inseguridad son “irreversibles”, aunque no precisó la fecha exacta en que la reforma entrará en vigor o si requiere otros trámites legislativos o ratificaciones.
El contexto de la reforma está marcado por un informe reciente del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES), que vinculó las acciones de seguridad del gobierno salvadoreño durante el régimen de excepción con posibles crímenes de lesa humanidad. La aprobación de la cadena perpetua es vista por analistas como una profundización del enfoque punitivo del gobierno, que ha logrado alta popularidad interna por la reducción de la violencia pandilleril, pero que enfrenta creciente escrutinio externo.
La modificación constitucional elimina uno de los principios fundamentales del sistema penal salvadoreño, que desde la posguerra civil había excluido la pena perpetua. El debate político se ha polarizado entre quienes defienden la medida como una herramienta necesaria para la seguridad pública y quienes la consideran un retroceso en derechos humanos y un instrumento que podría ser utilizado de manera arbitraria.
La reforma aún podría enfrentar desafíos legales, tanto a nivel interno como ante sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Organizaciones civiles han anunciado que estudian presentar recursos, argumentando que la pena perpetua viola tratados internacionales de los que El Salvador es parte. Mientras, el gobierno de Bukele mantiene su discurso de soberanía y rechazo a lo que califica como injerencia extranjera en sus políticas de seguridad.
