Washington, 24 de marzo de 2026.- El gobierno de Estados Unidos desplegó agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos principales del país como respuesta urgente a la parálisis operativa en la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), derivada de un cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que lleva cinco semanas. La decisión, coordinada por Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, busca mitigar el impacto de una tasa nacional de ausencias del 11.76% registrada el 22 de marzo, la cual ha provocado retrasos significativos para los pasajeros y más de 400 renuncias en el cuerpo de seguridad aeroportuaria.
La crisis de financiamiento, originada tras el rechazo del Senado por quinta vez desde febrero a la propuesta de presupuesto, ha dejado a miles de empleados de la TSA trabajando sin sueldo completo desde el 14 de febrero. Como consecuencia, los tiempos de espera en los puntos de control de seguridad se han disparado: en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta se reportaron casi tres horas de demora, mientras que en el George Bush de Houston los viajeros esperaron dos horas y en el JFK de Nueva York más de una hora. El alcalde de Atlanta, Andre Dickens, expresó su preocupación ante la situación que afecta la conectividad de la ciudad.
Aunque la administración del presidente Donald Trump presenta el despliegue como una ayuda necesaria para aliviar la carga de trabajo, existen limitaciones operativas claras. Los agentes del ICE no cuentan con la capacitación para realizar funciones críticas de seguridad como la revisión de equipaje mediante rayos X o los cacheos físicos; su labor se restringe a tareas auxiliares como el manejo de filas y la vigilancia general. Reportes preliminares califican esta intervención como una “solución incompleta” que no resolvió el problema de fondo durante su primer día de operaciones, manteniendo las largas colas en los terminales.
La medida ha generado críticas bipartidistas. Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, y Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, calificaron la acción de inaceptable y ajena a la misión principal del ICE. Incluso dentro del Partido Republicano, la senadora Lisa Murkowski cuestionó la estrategia, sumándose a las voces que advierten sobre los riesgos de desviar a agentes de inmigración de sus funciones originales sin abordar la raíz del ausentismo en la TSA.
El contexto político sigue tenso mientras no se vislumbra un plazo estimado para resolver la parálisis presupuestaria que mantiene al DHS operando con recursos limitados. La tensión entre el anuncio gubernamental de una solución inmediata y la realidad reportada en los aeropuertos subraya la complejidad de gestionar la seguridad aérea sin el personal especializado adecuado, dejando a los viajeros como los principales afectados por la disputa legislativa en Washington.
