Por Redacción
Tijuana, 25 de agosto de 2026.- La reincorporación de Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa el 21 de agosto, tras más de 100 días de separación del cargo por acusaciones de narcotráfico en Estados Unidos, generó una crisis política al interior de Morena. La Secretaría de Gobernación estableció que el regreso del político fue una decisión de carácter personal, postura ratificada por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, presidido por Ariadna Montiel Reyes, quien informó que el órgano no tuvo previo conocimiento de la determinación.
El CEN de Morena emitió un comunicado indicando: “Por lo anterior Morena se deslinda de esta decisión”. Tanto la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones como el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado sostuvieron que la acción de Rocha no fue consensuada con representantes del partido ni otras autoridades. Además, 23 gobernadores emanados de la Cuarta Transformación, incluida Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California, cuestionaron el proceder del mandatario sinaloense.
Ante las posturas emitidas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el interés personal no podía imponerse a los intereses del pueblo y de la nación. Como resultado, Rocha Moya solicitó licencia de nueva cuenta el 22 de agosto. En su petición dirigida al Poder Legislativo, el gobernador expresó: “Por así considerarlo pertinente me presento ante este Honorable Poder Legislativo para efecto de solicitar licencia temporal con carácter indefinido, por más de 30 días”.
En medio de este escenario, el senador Enrique Inzunza anunció que el próximo 30 de agosto dejará el encierro y ocupará físicamente su escaño durante la plenaria de la bancada de Morena para definir la agenda legislativa del periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre. Sin embargo, legisladores del bloque oficialista, integrado por Morena, PT y PVEM, indicaron que no han respaldado el anuncio de Inzunza, asegurando que no cuenta con el apoyo del coordinador Ignacio Mier ni de la presidenta Sheinbaum.
Tanto Inzunza como Rocha Moya fueron señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, junto con otros funcionarios, por presuntos vínculos con una facción del Cartel de Sinaloa. Desde entonces, permanecen en un limbo legal: la Fiscalía General de la República mantiene carpetas de investigación abiertas, pero solo han sido citados a comparecer una ocasión, en mayo. Inzunza ha conservado su fuero constitucional y sueldo íntegro, limitando su actividad a una participación remota en junio y dos apariciones públicas: una reunión con Javier Corral en Culiacán en mayo y su ingreso al Palacio de Gobierno el viernes pasado para reunirse con Rocha.
Sobre la situación política derivada de estos eventos, Alfredo Álvarez Cárdenas, aspirante de Morena a coordinador estatal en Baja California, descartó que el deslinde del partido perjudique al instituto político. En declaraciones realizadas este lunes 24 de agosto en Tijuana, Álvarez Cárdenas afirmó: “El problema no es cuando hay un político, un colaborador, digamos, indeseable. El problema es cuando no se toman las medidas para corregir ese mal”.
Respecto a la actuación de la presidenta de la república, Álvarez Cárdenas agregó: “Me parece que la presidenta las tomó (las consabidas medidas) a tiempo y en forma. Me parece que el acto relevante no es si el gobernador es o no culpable hoy, que hasta el día de hoy todavía no está claro, por lo menos realmente hablando, sino la manera en que la presidenta enfrentó el tema con el interés que tomó la decisión y el resultado final, que fue la separación por segunda ocasión”.
