Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vigilar la crisis de desplazamiento forzado interno en México, que ha afectado a casi 400,000 personas desde 2016. La petición se da en un contexto donde el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, mientras que la Fiscalía de Morelos fue señalada por una investigación deficiente que llevó a la absolución del único detenido por el asesinato del activista Samir Flores Soberanes.
Según datos recopilados por las organizaciones, entre 2016 y 2024, al menos 390,000 personas fueron desplazadas forzadamente en el país, con 28,900 casos solo en 2024 y 15,795 en 2025, principalmente en estados como Morelos y Guerrero. Las causas principales son las disputas territoriales y la presencia de grupos del crimen organizado, cuya actividad trasnacional va más allá del narcotráfico e involucra a entidades legales y estatales.
En paralelo, la familia de Bonfilio Rubio Villegas, un hombre ejecutado extrajudicialmente por el Ejército mexicano, exige un reconocimiento expreso de la responsabilidad de las fuerzas armadas. Aunque el Estado propuso un acuerdo amistoso, la familia insiste en que se esclarezca el papel de los militares en el hecho, un caso que refleja la persistencia de violaciones graves a los derechos humanos sin una resolución completa.
La impunidad también se evidenció en el caso del activista ambiental Samir Flores Soberanes, asesinado en 2019. La Fiscalía General de la República presentó pruebas insuficientes contra Javier ‘N’, el único detenido, lo que resultó en su absolución. Durante el proceso, dos testigos clave fueron asesinados y agentes ministeriales incurrieron en contradicciones, debilitando la investigación de manera crítica.
Estos casos, junto con la creciente cifra de desplazados, muestran un patrón de violencia estructural e institucional que las organizaciones civiles buscan visibilizar ante el sistema interamericano. La solicitud a la CIDH busca no solo documentar la magnitud del desplazamiento forzado, sino también presionar al Estado mexicano para que implemente políticas efectivas de prevención, protección y reparación integral para las víctimas.
El contexto político y social en México sigue marcado por la lucha contra el crimen organizado y los desafíos para garantizar la seguridad y los derechos humanos. La intervención de organismos internacionales como la CIDH podría ser clave para exigir transparencia, justicia y medidas concretas que frenen la violencia y el desplazamiento forzado en el país.
