Por Luis Martínez Alcántara
El ex cirujano francés Joël Le Scouarnec, de 74 años, ha sido condenado a 20 años de prisión por violar y agredir sexualmente a 299 pacientes, en su mayoría menores de edad, entre 1989 y 2014. Este caso, considerado el mayor escándalo de pederastia en la historia de Francia, ha generado una profunda reflexión sobre las fallas sistémicas que permitieron que estos abusos continuaran durante décadas.
Le Scouarnec aprovechó su posición como médico para cometer estos delitos, muchos de los cuales ocurrieron mientras las víctimas estaban sedadas o inconscientes. A pesar de una condena previa en 2005 por posesión de pornografía infantil, continuó ejerciendo la medicina sin restricciones.
Las autoridades descubrieron sus crímenes tras una denuncia en 2017, cuando una niña de seis años lo acusó de abuso, lo que llevó al hallazgo de diarios detallados y más de 300,000 imágenes indecentes en su domicilio.
Este caso pone en evidencia la importancia de establecer mecanismos de supervisión y denuncia efectivos dentro de las instituciones médicas. La confianza depositada en los profesionales de la salud no debe impedir la vigilancia y el control adecuados. Es fundamental que existan canales seguros y accesibles para que pacientes y familiares puedan reportar comportamientos inapropiados sin temor a represalias.
Además, resalta la necesidad de educar a niños y adolescentes sobre sus derechos y los límites del contacto físico en contextos médicos. La formación en prevención del abuso sexual debe ser parte integral de los programas educativos, permitiendo que los menores reconozcan y denuncien situaciones de riesgo. Los padres y tutores también deben estar informados y atentos a cualquier señal de alarma.
Es crucial que las instituciones médicas y educativas implementen políticas de cero tolerancia hacia el abuso y establezcan protocolos claros para la selección y monitoreo del personal. La protección de los menores debe ser una prioridad, y casos como el de Le Scouarnec deben servir como recordatorio de la responsabilidad colectiva en la prevención y denuncia de estos delitos.
