Por Redacción
Mexicali, 26 de julio de 2026.- La captura de cuatro menores de edad involucrados en un secuestro y tres implicados en un asesinato ha evocado el abandono institucional que sufren los menores, mientras el oficialismo pide el endurecimiento de las penas, según reporta Eduardo Villa para Zeta Tijuana.
En poco más de una semana, ocho menores de edad fueron detenidos vinculados a crímenes atroces como secuestro y homicidio. Dos de ellos tenían apenas 13 y 14 años de edad. Tres fueron señalados como autores del asesinato de Flaviano López Martínez, conductor de InDrive de 50 años, a quien habrían matado de un balazo, trasladado a un terreno despoblado e incendiado su cuerpo después de videograbarlo, exhibirlo y ridiculizarlo. Los otros cinco fueron capturados en Playas de Tijuana por privación de la libertad.
Ante estos hechos, la única respuesta del sector político ha sido la del diputado Juan Manuel Molina, quien propone endurecer las penas contra menores infractores. Sin embargo, el debate se centra en establecer como únicos responsables a los adolescentes sin analizar sus condiciones materiales de vida, la precarización, la susceptibilidad a la delincuencia organizada ni la falta de atención temprana de salud mental.
Este escenario recuerda lo ocurrido en septiembre de 2022, cuando funcionarios del Sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF), acompañados de la Fiscalía General del Estado (FGE), irrumpieron en la casa hogar ‘A Way Out’ en Mexicali. El inmueble, ubicado en la colonia Robledo mediante un comodato, era dirigido por la activista Gabriela Ortiz y atendía a niños y adolescentes que ninguna otra institución recibía, incluyendo jóvenes con historial criminal, consumo de enervantes o vínculos con la delincuencia organizada.
El albergue cerró sus puertas debido a la detección de supuestos abusos que nunca fueron confirmados. Las acusaciones emitidas por el DIF y la FGE no pudieron sostenerse y cada señalamiento fue desacreditado. Menores denunciaron haber sido obligados a hacer sus necesidades en baldes, pero la realidad era que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) los dejó sin agua por varios días, lo que los obligó a usar alternativas ante la necesidad y la sobrepoblación del lugar, que era el único que接收ía menores en riesgo delictivo real.
Gabriela Ortiz denunció durante años abusos e intentos de corrupción de funcionarios, principalmente durante la época del PAN, quienes condicionaban apoyos a cambio de devolver una parte en efectivo; al no prestarse a ello, fue castigada varias veces. La situación actual de los menores detenidos refleja la vulnerabilidad de la adolescencia y la falta de opciones institucionales previas a su ingreso al sistema penal.
