Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general, el 25 de marzo de 2026, la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece un tope a las jubilaciones y pensiones de ex trabajadores de confianza de organismos y empresas públicas, con aplicación retroactiva.
La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fija como límite máximo de pensión la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo federal, monto que según reportes asciende aproximadamente a 70,000 pesos mensuales. La medida busca eliminar las llamadas pensiones doradas de exfuncionarios de confianza.
Existen discrepancias en los registros sobre el resultado de la votación. Mientras una fuente reporta 458 votos a favor en lo general, otra indica 363 votos a favor, 64 en contra y 20 abstenciones. La reforma fue avalada con el respaldo de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Durante el debate, se registraron protestas de jubilados de empresas públicas como Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras y Luz y Fuerza del Centro, quienes intentaron ingresar por la fuerza al Palacio Legislativo de San Lázaro en rechazo a la medida.
La diputada Margarita Zavala sostuvo que la reforma viola el derecho humano a la no retroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional. Señaló que los senadores emitieron su voto con información imprecisa o falsa sobre el alcance de la modificación.
Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, dijo que pese a la inconformidad, su bancada votará a favor. Advirtió riesgos de retroactividad y omisiones relevantes en el dictamen. Nosotros estamos en contra de las pensiones doradas, pero Morena no está haciendo nada eficaz para eliminarlas, declaró.
La reforma excluye explícitamente de este tope a las Fuerzas Armadas, las pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro, las constituidas con aportaciones sindicales y las pensiones no contributivas. El decreto aprobado también incorpora lenguaje inclusivo en su redacción.
