Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Cámara de Senadores avanza en la discusión y aprobación del denominado Plan B electoral, una reforma estructural que contempla la reducción del gasto público en procesos comiciales, la limitación de presupuestos para congresos locales y la habilitación de la revocación de mandato para el periodo 2027-2028. La iniciativa cuenta con el respaldo crítico del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), cuyas bancadas han confirmado que 13 de sus 14 senadores votarán a favor, consolidando la mayoría necesaria para la transformación del sistema político.
Manuel Velasco Coello, líder del PVEM, destacó en su intervención que la alineación de su partido responde a la necesidad de optimizar recursos públicos y fortalecer la democracia directa. Esta postura fue ratificada por Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado, quien enfatizó que el objetivo central es alcanzar una legitimidad del 80% en la ratificación del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia el año 2027, permitiendo que la ciudadanía se pronuncie sobre su continuidad en un marco de austeridad republicana.
El paquete de reformas incluye medidas específicas de contención financiera, como el establecimiento de un techo del 0.7% del presupuesto estatal para el gasto de los congresos locales, así como la reducción del número de regidores en los ayuntamientos para disminuir la burocracia municipal. Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador de Morena, señaló que estos ajustes son fundamentales para garantizar que los recursos destinados a la operación electoral no desbalance las finanzas de las entidades federativas, manteniendo el equilibrio entre la competencia política y la responsabilidad fiscal.
En paralelo a la discusión legislativa, la Cámara de Diputados prepara la convocatoria para designar a tres nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), en un proceso que corre simultáneo a la reforma constitucional. El oficialismo ha mantenido una postura crítica hacia los consejeros actuales —Zavala, Ravel y Rivera—, nombrados en 2017 bajo acuerdos entre el PRI, PAN y PRD, argumentando la necesidad de renovar la autoridad electoral para reflejar la nueva correlación de fuerzas en el país.
La armonización legislativa ya trasciende al ámbito local; Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, anunció la presentación de una iniciativa en su estado para alinear la normativa local con los nuevos preceptos federais del Plan B. Por su parte, la oposición, representada por figuras como Elías Lixa del PAN, ha expresado reservas sobre la velocidad de los cambios, aunque la fuerza parlamentaria del bloque oficialista y sus aliados sugiere que la aprobación final es inminente en las próximas sesiones del Congreso.
Con la certeza del apoyo verde y la disciplina de la coalición Juntos Hacemos Historia, el Ejecutivo federal encamina las instituciones hacia un escenario de 2027 donde la revocación de mandato dejará de ser una figura excepcional para integrarse como un mecanismo habitual de rendición de cuentas, marcado por un gasto electoral significativamente menor y una reconfiguración de los órganos constitucionales autónomos.
