Nueva York, 27 de marzo de 2026.- La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución histórica que declara la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada como un crimen contra la humanidad, marcando un precedente político para exigir verdad, justicia y reparación. La votación, realizada este miércoles en la sede del organismo, contó con 123 votos a favor, tres en contra y 52 abstenciones, consolidando un hito en la memoria global sobre los delitos cometidos durante 300 años de comercio transatlántico.
El texto fue impulsado por Ghana y recibió el respaldo explícito de la Unión Africana y la Comunidad del Caribe (Caricom). Durante la sesión, el presidente de Ghana, John Dramani Mahama, destacó que la adopción de esta medida sirve como una garantía contra el olvido y permitirá cuestionar la cicatriz duradera que dejó la esclavitud en las sociedades modernas. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó que fue un crimen contra la humanidad que atacó el núcleo mismo de la condición humana, destruyó familias y devastó comunidades.
A pesar de la amplia mayoría, la resolución enfrentó una oposición firme por parte de Estados Unidos, Israel y Argentina, los únicos tres países que votaron en contra. Dan Negrea, representante de Estados Unidos, argumentó que su nación no reconoce un derecho legal a la reparación por agravios históricos que no eran ilegales bajo el derecho internacional en el momento en que ocurrieron. El diplomático calificó el texto como problemático en innumerables aspectos, señalando que promueve agendas específicas y fomenta la creación de nuevos grupos de trabajo e informes costosos.
La delegación de Trinidad y Tobago, hablando en nombre de Caricom, fue la primera en celebrar el resultado tras los aplausos en el recinto, comprometiendo a la región a contribuir en la implementación de la resolución de forma colaborativa. Aunque el documento no es vinculante jurídicamente, se considera un instrumento de gran peso político que busca abrir camino a mecanismos de disculpa formal, restitución, indemnización y rehabilitación para las víctimas y sus descendientes.
Esta decisión de la Asamblea General pone sobre la mesa el debate sobre las responsabilidades históricas de los estados y las instituciones que participaron o se beneficiaron de la esclavitud, la cual afectó a al menos 12.5 millones de personas. Con esta aprobación, el organismo internacional establece una base normativa para que los países miembros avancen hacia procesos de reconciliación y reparación, superando la narrativa de que se trató únicamente de actos de crueldad individual para reconocerlo como un sistema institucionalizado.
