Por Luis Martínez Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO.- Publican en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma de “supremacía constitucional”. El documento, difundido en la versión vespertina del @DOF_SEGOB, establece que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, este 1° de noviembre y fue avalado por 17 congresos estatales.
Este cambio legislativo, que busca blindar las reformas constitucionales contra impugnaciones judiciales y que fue promovida por el partido Morena, tiene como objetivo modificar los artículos 105 y 107 de la Constitución, permitiendo que solo el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales tengan la autoridad para realizar cambios en la Carta Magna.
Los 17 congresos estatales que han respaldado esta reforma son: Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Nayarit, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas y la Ciudad de México. Cada uno de estos estados ha realizado sus respectivas votaciones en un proceso que se ha caracterizado por su rapidez y controversia. La aprobación en estos congresos es un paso crucial para que la reforma se declare válida a nivel federal.
El proceso ha estado marcado por acusaciones de falta de debate y transparencia. En varios estados, como Sonora y Quintana Roo, las sesiones para votar la reforma se convocaron con poco tiempo de anticipación y sin un análisis exhaustivo del impacto que podría tener en los derechos ciudadanos. Esto ha llevado a críticas sobre cómo se están llevando a cabo estas decisiones legislativas y el riesgo de limitar el acceso a la justicia ante posibles abusos de poder.
A pesar de las controversias, el avance rápido de esta reforma refleja una estrategia política clara por parte del partido en el poder. La presión para obtener la aprobación antes del 31 de octubre ha sido evidente, con el objetivo de consolidar esta medida antes del cierre del periodo legislativo. La respuesta a esta estrategia ha sido mixta; mientras algunos apoyan la reforma como un avance necesario para la gobernabilidad, otros ven en ella una amenaza a los derechos democráticos.
