Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La alcaldía Cuauhtémoc y el gobierno capitalino se enfrentan por la responsabilidad del colapso de un edificio en San Antonio Abad que dejó tres personas muertas el pasado 9 de marzo, en un caso donde las autoridades detectaron previamente diez riesgos graves pero autorizaron la demolición mediante un Acuerdo de Facilidades.
La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, afirmó que la supervisión correspondía al gobierno de la Ciudad de México mediante el acuerdo que “obligaba a las autoridades capitalinas a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad”. La funcionaria calificó la decisión de autorizar la demolición como deliberada: “No fue un error. Fue una decisión”.
En contraste, el secretario de Vivienda de la CDMX, Inti Muñoz Santini, sostuvo en conferencia de prensa que “la responsabilidad primaria de vigilancia recaía de manera ineludible en la alcaldía Cuauhtémoc, con o sin acuerdo de facilidades”.
El conflicto se origina en el permiso de demolición que fue negado inicialmente el 17 de octubre por los riesgos detectados, pero autorizado apenas tres días después mediante el mecanismo de Acuerdo de Facilidades. El edificio colapsado se ubicaba en el número 124 de la calle San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Hasta el momento no se ha identificado públicamente a la empresa propietaria del inmueble ni a las víctimas mortales del siniestro. Tampoco se han dado a conocer detalles específicos sobre los diez riesgos graves que fueron detectados antes de la autorización de la demolición.
El caso expone las tensiones en la coordinación entre alcaldías y gobierno central en materia de seguridad en obras de construcción, particularmente en el centro histórico de la capital donde son frecuentes los edificios con riesgo estructural.
