Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- De acuerdo con indagaciones de grupos de observadores y mensajes detectados en medios extranjeros, el Gobierno de Estados Unidos está dando prioridad a la participación del crimen organizado en procesos electorales municipales y estatales, con un escenario focalizado en las elecciones de 2027. Algunas decisiones del Tesoro y actividades de seguridad nacional de la Casa Blanca han colocado aparatos de investigación sobre cárteles que se fortalecieron durante la estrategia de “abrazos, no balazos” del tiempo lopezobradorista.
Los grandes capos capturados, secuestrados o extraditados están siendo interrogados para obtener elementos sobre la configuración del poder político y criminal en zonas bajo intereses financieros del delito. Según el análisis, Estados Unidos no busca desaparecer a los cárteles, sino tomar el control de la producción y administrar el contrabando, utilizando al narcotráfico como instrumento para influir en nuevos grupos morenistas vinculados al huachicol fiscal y al tráfico de drogas de Sinaloa.
En el ámbito interno, las estadísticas oficiales reportan una disminución sensible de homicidios dolosos respecto a las administraciones de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la ciudadanía expresa percepciones de inseguridad basadas en robos cotidianos y la falta de resultados de las policías municipales y estatales. De acuerdo con la investigación, existe una “cifra negra” donde el 95 por ciento de los delitos no se denuncian y poco menos del 90 por ciento de las investigaciones no terminan en sentencias.
No existe ningún programa concreto para reformular la estructura judicial que recibe denuncias de fuero común, manteniéndose los mismos ministerios públicos y policías de investigación. El Gobierno federal es reacio a reconocer el problema de los desaparecidos como asunto de seguridad pública y han aparecido de manera improvisada formas para combatir la extorsión y el cobro de derecho de piso. En la capital, el narcotráfico al menudeo y delitos asociados al ambulantaje son controlados por grupos bien organizados, un problema conocido en altos niveles pero no combatido por la ramificación de intereses criminales.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cuenta actualmente con alrededor de 80,000 elementos, incluyendo policía preventiva, auxiliar y bancaria e industrial. No obstante, la corporación opera al límite: hay personal en incapacidad, vacaciones o licencias, y la carga de trabajo de los policías en activo rebasa considerablemente su jornada laboral. Eventos masivos como el reciente partido entre México y Portugal movilizaron a casi 11,000 elementos, dejando desatendidas diversas colonias.
A 55 días del arranque del Mundial, se proyecta una presión sin precedente para la fuerza pública. La ciudad albergará cinco partidos que requerirán seguridad para equipos, cuerpos arbitrales y mandatarios. Además, durante los 39 días de la justa, se realizarán Fan Festivals en las 16 alcaldías, destacando el del Zócalo con un estimado de 60,000 asistentes diarios, requiriendo apoyo policial desde tres horas antes hasta tres horas después de cada evento.
Por otro lado, análisis sobre la Cuarta Transformación indican que, aunque surgió para contener antagonismos del neoliberalismo, esa “prometida mutación” incrementó la corrupción y dio continuidad a la narcopolítica. Se señala que la actual gobernanza de Claudia Sheinbaum Pardo enfrenta una justicia descrita como impotente e ineficiente ante la impunidad, y que la Dra. Sheinbaum “no es todavía lo bastante fuerte” para ordenar el encarcelamiento de los responsables políticos de este fenómeno, el cual ha crecido hasta convertirse en un poder ajeno a la Constitución.
