Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) advirtió sobre nuevos ataques a la independencia judicial y aseguró que continuará con la defensa del sistema de justicia profesional ante los recientes intentos de desmantelarlo. La organización señaló que la concentración del poder representa el riesgo principal para los derechos humanos y aseveró que cualquier reforma que someta la justicia a criterios políticos o electorales vulnera los estándares internacionales de protección.
En un comunicado, la Jufed destacó que el Juicio de Amparo es el último baluarte que tiene el ciudadano para defenderse de la arbitrariedad estatal. “Debilitar estas instituciones no es democratizar la justicia, es dejar a la sociedad en un estado de indefensión”, indicaron. Los jueces y magistrados enfatizaron que no responden a intereses facciosos y que su juramento de defender la Constitución es un compromiso ético con la división de poderes frente a la concentración autoritaria.
La asociación exigió que se atiendan las condiciones en que administran justicia las personas juzgadoras de carrera judicial, así como la necesidad de contar con perfiles experimentados y con habilidades técnicas, sin contaminación partidista. “Cualquier modificación o reforma que no integre estas consideraciones será solamente retórica que no abona a enfrentar los desafíos de la impartición de justicia”, agregaron.
Por otro lado, durante la discusión en lo particular de la reforma judicial en San Lázaro, quedó rechazada la propuesta de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero. Su reserva planteaba que los comités de evaluación se integrarían con personas con experiencia, específicamente con práctica profesional mínima de 10 años y reconocida trayectoria, con dos representantes de cada poder. También propuso que los Órganos de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina se renueven paulatinamente, y que para ser ministro de la Corte se requiera únicamente la ciudadanía mexicana y no la nacionalidad por nacimiento.
Sánchez Cordero manifestó que la sustitución debe ser escalonada y propuso que los juzgadores puedan declinar su candidatura hasta 30 días después de publicada la convocatoria. Además, sugirió que la Presidencia del Tribunal de Disciplina y del Órgano de Administración sea votada por sus pares cada dos años y no corresponda a la reelección, considerando esencial garantizar el respeto total a los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial.
En el contexto de la elección de juzgadores prevista para 2027, un estudio del Instituto Nacional Electoral (INE) considera viable realizar votaciones en reclusorios. Consejeras electorales se pronunciaron por el uso de la urna electrónica para el voto en prisiones; sin embargo, la consejera Norma de la Cruz advirtió que no hay garantías para ofrecer un sufragio informado a las personas en prisión preventiva. “Si a la gente que está afuera no tuvimos suficiente tiempo para hacerle llegar la información, ¿cómo lo vamos a hacer para esta población?”, cuestionó.
Cabe recordar que tras la aprobación de la reforma judicial en 2024, algunos jueces, magistrados y trabajadores administrativos del Poder Judicial de la Federación tramitaron más de mil recursos contra la enmienda, la cual fue determinada como vigente y legal por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre de ese mismo año. En los últimos dos sexenios, magistrados y ministros desecharon cientos de amparos con los cuales grupos trataron de frenar grandes obras de infraestructura o enmiendas constitucionales, incluyendo casos relacionados con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
