Ciudad Juárez, 28 de marzo de 2026.- Organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron una vigilia en la estancia del Instituto Nacional de Migración, ubicada en el puente internacional Santa Fe, donde denunciaron que a tres años del incendio ocurrido en este sitio, que dejó 40 migrantes muertos y 27 lesionados, todavía no llegan la verdad ni la reparación integral del daño.
Las agrupaciones señalaron la falta de justicia efectiva para las 82 víctimas, conformadas por 40 personas fallecidas, 27 hombres y 15 mujeres sobrevivientes. Hasta la fecha, los procesos penales carecen de sentencias firmes contra funcionarios del INM, personal de seguridad privada y otras personas involucradas en la tragedia.
“El Estado se niega a dar el reconocimiento legal como víctimas a las mujeres sobrevivientes, los responsables de más alto rango se encuentran en procesos penales que les favorecen, a través de una justicia desigual, como es el caso del ex comisionado del INM, Francisco Garduño; además son condecorados con otro cargo público”, denunciaron las organizaciones civiles.
En un conversatorio realizado en la Ciudad de México, Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración y Derechos Humanos Integrales en Acción expusieron las deficiencias en la reparación del daño. Lorena Cano, del Imumi, indicó que actualmente no todos los que vivieron esta tragedia han recibido una reparación o compensación económica, entre ellas 15 mujeres que no han sido reconocidas como víctimas bajo el argumento de que no sufrieron lesiones.
Marcos Zavala, abogado de Fundación para la Justicia, explicó que de los presuntos involucrados en el siniestro, cuatro permanecen en prisión y siete siguen su proceso en libertad. Sobre Garduño, mencionó que continúa acusado por ejercicio ilícito del servicio público y que han solicitado que se le suspenda de su puesto actual para que no utilice el andamiaje jurídico para defenderse.
Las organizaciones recordaron que las personas migrantes se encontraban bajo custodia del Estado mexicano al momento del incendio, por lo que existe una responsabilidad directa e irrenunciable de garantizar su vida, seguridad y acceso a la justicia. Los familiares y asociaciones civiles exigieron verdad completa, justicia pronta e imparcial, reparación integral y el reconocimiento de todas las personas afectadas.
