Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves una reforma legal que permite la inversión de recursos de las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE) en proyectos de infraestructura pública estratégica. La votación en lo general registró 359 votos a favor, 80 en contra y cero abstenciones, mientras que en la votación en lo particular el resultado fue de 315 apoyos, 89 rechazos y ninguna abstención.
El dictamen, impulsado por la fracción de Morena y defendido en tribuna por la diputada Carol Antonio Altamirano, tiene como objetivo fomentar la participación pública, privada y social en el desarrollo de infraestructura clave para la soberanía nacional, específicamente en los sectores de hidrocarburos y electricidad. Durante la discusión, se destacó que la medida busca fortalecer la capacidad de inversión del Estado sin comprometer la estabilidad macroeconómica.
Alfonso Ramírez Cuéllar, también integrante del grupo parlamentario oficialista, participó en el debate previo a la votación para argumentar las bondades de la iniciativa. Los legisladores promovedores de la ley aseguraron que los mecanismos propuestos blindan los ahorros de los trabajadores al sujetar cualquier proyecto a lo dispuesto por la Constitución, la Ley de Presupuesto y el Presupuesto de Egresos de la Federación, garantizando así la disciplina fiscal.
La normativa incluye un artículo transitorio que establece los lineamientos bajo los cuales se podrán canalizar estos capitales hacia obras de impacto nacional. Aunque la oposición expresó su desacuerdo mediante el voto negativo, la mayoría simple en la cámara baja fue suficiente para dar luz verde al turno hacia la cámara revisora.
Tras su aprobación en San Lázaro, el documento fue enviado oficialmente al Senado de la República para su revisión constitucional y eventual discusión. De ser validado por los senadores y no sufrir modificaciones sustanciales, el marco jurídico habilitaría un nuevo flujo de financiamiento para las prioridades energéticas del gobierno federal, integrando los fondos de pensiones como motor de desarrollo infraestructural.
