Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- La Comisión Instructora de la Cámara de Diputados tiene programado sesionar después del receso de Semana Santa para analizar la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y senador, acusado por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche de presunto peculado y ejercicio indebido del servicio público por 83 millones de pesos. El diputado Hugo Eric Flores, presidente de dicho órgano, confirmó que la reunión se llevará a cabo antes de que concluya el periodo de sesiones ordinarias, buscando con el timing no entorpecer la discusión de la reforma electoral conocida como Plan B.
La acusación formal proviene de la autoridad estatal de Campeche, que imputa al legislador priista responsabilidades por el manejo irregular de recursos públicos durante su gestión. Este proceso jurídico-legislativo se suma al escrutinio administrativo que enfrenta Moreno Cárdenas por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cual detectó irregularidades significativas en las cuentas públicas de su sexenio como gobernador, ocurrido entre 2015 y 2019.
De acuerdo con reportes de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), en enero de 2022 aún permanecían pendientes por solventar 3 mil 387 millones de pesos, lo que representaba el 98 por ciento del total de las observaciones realizadas por la ASF en 2018. Dichas observaciones ascendieron originalmente a 3 mil 435 millones de pesos. Análisis de datos indican que durante la gestión de David Colmenares al frente de la ASF, el proceso de seguimiento para el priista fue benévolo, logrando que se perdonaran o solventaran más de 2 mil 700 millones de pesos de las cuentas pendientes.
La situación jurídica de Alejandro Moreno Cárdenas concentra la atención en la Cámara de Diputados, donde la sección instructora deberá determinar el futuro de su inmunidad parlamentaria. La decisión de posponer la sesión hasta después de las vacaciones de primavera responde a la necesidad de priorizar la agenda legislativa inmediata, aunque el mandato de la comisión exige resolver la solicitud antes del cierre del periodo ordinario.
El trasfondo de estas acusaciones remite a la transición política de Moreno Cárdenas, quien dejó la gubernatura de Campeche en junio de 2019 para asumir la dirigencia nacional de su partido. Las discrepancias entre los montos acusados por la Fiscalía local (83 millones) y las observaciones federales de la ASF (miles de millones) reflejan la complejidad de los procesos de rendición de cuentas que enfrentan los exfuncionarios en México, combinando esferas penales y administrativas.
