Por Redacción
Morelos, 22 de marzo de 2026.- La periodista Verónica Bacaz denunció públicamente haber recibido amenazas por parte del diputado local Rafael Reyes Reyes, miembro del partido Morena, y advirtió que lo hará responsable directo de cualquier agresión que sufra ella, su familia o sus compañeros de trabajo a partir de este momento.
En un mensaje dirigido a las autoridades, la comunicadora exigió la activación inmediata de los Mecanismos de Protección para Periodistas. “Quiero que se activen los Mecanismos de Protección para Periodistas, porque si le pasa algo a mí, a mi familia y compañeros, se investigue principalmente a Rafael Reyes Reyes”, declaró Bacaz al hacer pública la acusación.
La periodista fue enfática al señalar al legislador y a su círculo político como los únicos responsables potenciales de futuros ataques. “Si algo me pasa a partir de este momento, quiero decir que el responsable es el diputado morenista Rafel Reyes Reyes y los diputados aliados que estén con él”, afirmó en su declaración, donde el nombre del involucrado apareció con variaciones ortográficas entre “Rafael” y “Rafel”.
El conflicto surge en un contexto de tensiones económicas, ya que se reporta un adeudo de 120 mil pesos correspondiente a un convenio de publicidad, cifra que figura en los datos del caso aunque no se especifica si este pago es el detonante directo de las supuestas amenazas ni si existe una disputa legal formalizada por dicho monto.
Bacaz destacó que esta situación representa la primera amenaza registrada contra una periodista durante la administración de Margarita González Saravia, quien se convirtió en la primera mujer en ocupar la gubernatura de Morelos bajo la bandera de Morena. Hasta el momento de esta publicación, no se han emitido declaraciones por parte del diputado acusado ni de la dirigencia estatal del partido sobre las imputaciones.
La solicitud de protección se realiza mientras persisten dudas sobre la identidad exacta del señalado debido a las discrepancias en la escritura de su nombre en los reportes iniciales, y sin que se haya confirmado si las instancias federales o estatales de protección a periodistas ya han iniciado el protocolo de valoración de riesgo tras la denuncia pública.
