Por Redacción
Ciudad de Mexico, 16 de marzo de 2026.- El proceso de subasta de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y su subsidiaria Minera del Norte (MINOSA) permanece paralizado debido al bloqueo de acreedores con garantías prendarias, quienes han impedido la realización de una nueva puja pública. Mientras tanto, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles continúa recibiendo sentencias firmes de tribunales laborales que obligan a las empresas a pagar prestaciones adeudadas a ex trabajadores, las cuales se sumarán a una masa concursal que ya supera los 45,000 millones de pesos en deudas.
La paralización del proceso de subasta, que ha sido documentada por medios locales como El Siglo de Torreón, se debe a la oposición de acreedores con garantías prendarias específicas sobre ciertos activos. Este bloqueo ha obligado al síndico concursal, Víctor Manuel Aguilera Gómez, a buscar nuevas bases para la venta, con un plazo establecido hasta el próximo 27 de marzo para presentarlas ante el juzgado competente.
En paralelo a esta disputa financiera, los expedientes judiciales 77/2023 y 19/2022 han dado lugar a sentencias firmes de tribunales laborales federales. Estas resoluciones condenan a AHMSA y a MINOSA al pago de prestaciones laborales que les corresponden a sus ex empleados. Según la Ley de Concursos Mercantiles, estos créditos laborales se integran a la masa concursal y tendrán prioridad de pago una vez que se liquiden los activos de la empresa.
La deuda total de AHMSA asciende a más de 45,000 millones de pesos, según los datos del concurso mercantil. Entre los principales acreedores se encuentran la empresa Cargill, con un adeudo reconocido de 12,385 millones de pesos, y Banco Afirme, con 8,309 millones de pesos, lo que representa aproximadamente el 46% del total de la deuda. Estos grandes acreedores financieros, algunos con garantías prendarias, son actores clave en el bloqueo del proceso de subasta.
El contexto de la crisis de AHMSA, otrora una de las siderúrgicas más importantes del país, refleja los graves problemas financieros y laborales del sector industrial en México. El desenlace de este concurso mercantil, que combina una compleja disputa entre acreedores financieros y los derechos de cientos de ex trabajadores, se perfila como un caso emblemático para la aplicación de la ley en procesos de quiebra de grandes corporativos.
