Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- Dieciocho congresos estatales han votado a favor de la reforma constitucional que disminuye las pensiones doradas en el sector público paraestatal, con lo que se supera la mayoría simple requerida del total de las legislaturas locales del país.
Los congresos que aprobaron la reforma son: Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La reforma fue aprobada por unanimidad en la mayoría de las legislaturas, y sólo en Baja California y Zacatecas por mayoría.
Andrea Becerril, de La Jornada, informó: “Todo está listo para que en la sesión del martes próximo martes, el Senado formule la declaratoria de la reforma constitucional que disminuye las llamadas pensiones doradas en el sector público paraestatal y la envíe al Diario Oficial de la Federación para que sea publicada”. Agregó que “ello, debido a que hasta el momento se tienen ya los votos a favor de 18 congresos estatales, que suman más de la mayoría simple requerida del total de las legislaturas locales del país para una reforma constitucional”.
La reforma establece como tope para el pago de pensiones el 50% de los ingresos de la persona titular del poder ejecutivo federal. La nueva disposición no opera para las fuerzas armadas. El ajuste a las pensiones millonarias actuales, con el que se espera un ahorro al erario de 5 mil millones de pesos anuales, será inmediato.
El Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán un plazo de 90 días para ‘revisar y, en su caso, adecuar el marco jurídico aplicable’. Un día después de publicada la reforma, las pensiones de tres directivos de LFC que sobrepasan el millón de pesos mensuales –un millón 77 mil pesos la más alta–, seis más que van de 919 mil a 980 mil pesos y, en general, de 600 ex funcionarios de esa empresa eléctrica extinta, superiores a 300 mil pesos, quedarán en cerca de 70 mil pesos mensuales.
También se ajustarán pensiones de medio millón de pesos de ex funcionarios y ex líderes sindicales de CFE, y otras en Pemex, que sobrepasen los 70 mil pesos al mes. Se ajustará la pensión de 120 mil pesos que desde hace 32 años recibe José Angel Gurría de Nacional Financiera.
Trabajadores y sindicatos advierten que la reforma podría aplicarse retroactivamente, afectando derechos adquiridos. Óscar Hernández, del Semanario ZETA, señaló: “Parece que se pretende aplicar tal reducción retroactivamente, es decir, a los trabajadores que cumplieron con los requisitos de ley y obtuvieron su jubilación y por ende el pago de sus pensiones también son sujeto de tal reducción, afectando derechos adquiridos”.
Integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) Nayarit alertaron al Congreso de Nayarit sobre los riesgos de una aprobación exprés de la reforma. El SUTSEM identificó varias inconstitucionalidades graves, entre ellas la imposición de un ‘doble tope’ y ajustes retroactivos a pensiones ya otorgadas, acción prohibida por el artículo 14 constitucional. El sindicato afirmó: “Cualquier límite adicional viola derechos ya adquiridos y constituye un acto ilegal”.
