Ciudad De México, 10 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la existencia de una ficha roja de Interpol contra el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. La mandataria señaló que “”Entiendo que sí había ficha roja… significa que participa Migración, Interpol para que en cualquier lugar del mundo donde esté pueda ser detenido””.
Aureoles cuenta con una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). A nivel federal se le acusa de fraude, por un esquema de corrupción que implicó un desvío de recursos federales. La FGR le acusa de un presunto desvío de 5.186 millones de pesos relacionado con la simulación de un arrendamiento para la construcción de siete cuarteles de la Policía Estatal durante su mandato.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró que Aureoles escapó de México con ayuda del crimen organizado, cuando era buscado por un fraude de 3,600 millones de pesos en los cuarteles de la Policía Michoacán. Ramírez Bedolla afirmó que “”Se sabe que está fuera del país”” y señaló que el exmandatario tiene nuevas órdenes de aprehensión en su contra, una de ellas por homicidio.
Por su parte, el fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que Silvano Aureoles habría escapado del país con ayuda del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El fiscal detalló que “”Dentro de las investigaciones que se tuvieron del 1 y 2 de marzo de 2025, quienes lo ayudan a salir del estado de Jalisco fueron (miembros) de este grupo delincuencial del cártel Jalisco, y son quienes le ayudan a trasladarse al norte de México y muy probable fuera del país””.
A Silvano Aureoles se le busca por su presunta responsabilidad en la masacre del 5 de abril de 2017 en Arantepacua, municipio de Nahuatzen, con el arresto arbitrario de 38 personas y la muerte de cuatro. A finales de marzo, la Fiscalía de Michoacán había obtenido una orden de captura por los delitos de abuso de autoridad, tortura y homicidio calificado.
El exmandatario perredista cuenta con dos órdenes de aprehensión. Una instruida por un juez federal por el delito de fraude, mientras que en el fuero común se le señala por homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad. Fueron giradas órdenes de captura contra su exsecretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona, y 14 policías estatales.
