Por Redacción
Ciudad De México, 28 de agosto de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió a puerta cerrada en Palacio Nacional con familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, para informar sobre los avances en las indagatorias. Durante el encuentro, la mandataria indicó que se logró identificar a 10 personas que no habían sido involucradas previamente y que “hoy están detenidas”.
Según lo expuesto en la reunión, los nuevos elementos en las investigaciones se refieren al uso de telefonía celular que los perpetradores utilizaron durante y después de los crímenes. Asistentes al encuentro señalaron que estas personas “realizaron llamadas asociadas a la desaparición forzada”. La presidenta destacó que no se ha descartado ninguna línea de investigación y mencionó que hasta el momento hay 17 militares presuntamente implicados que se encuentran detenidos.
En la sesión, donde también participó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, las familias y sus representantes legales insistieron en varias demandas. Entre ellas, exigieron que el Ejército entregue los ‘folios’ de información que posee y que consideran “clave” para dar con el paradero de los estudiantes, así como que se aporten elementos para fincar responsabilidad a Ángel Aguirre Rivero, ex gobernador de Guerrero detenido desde principios de este mes.
Los padres demandaron además el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para coadyuvar con las investigaciones. Sobre esta solicitud, el abogado de las familias, Isidoro Vicario, indicó que “hubo un compromiso de la Presidenta, que encargó a la secretaria de Gobernación comunicarse con los expertos para ver esta posibilidad”. No obstante, Vicario subrayó que, si bien se reconocen los avances, estos son insuficientes para conocer el paradero de los muchachos.
Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ayer atraer un recurso promovido por familiares de los 43 normalistas contra la suspensión definitiva concedida al sargento en retiro Santiago Muñoz Pilo. El militar, procesado por su presunta participación en los hechos, enfrenta su proceso en libertad desde junio de 2024.
El cuarto tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito había solicitado a la Corte definir si los familiares de los estudiantes, en su calidad de víctimas indirectas, debían ser reconocidos como terceros interesados y escuchados antes de resolver la suspensión en el amparo promovido por el uniformado.
