Por Redacción
Ensenada, 20 de julio de 2026.- Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, ingresó este lunes a las 2:15 de la tarde al penal de máxima seguridad del Altiplano, junto con otros cuatro imputados, tras ser detenido el jueves 16 de julio en Ensenada. La Fiscalía General de la República (FGR) lo señala como líder de una organización criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos, esquema que habría causado un afectación al erario de más de 4,000 millones de pesos, aunque otras fuentes cifran el daño en 4,456 millones.
La orden de aprehensión contra Ruffo Appel y otros 24 imputados, incluido Carlos Xavier Treviño Sepúlveda, fue librada el 13 de julio de 2026 por la jueza Alejandra Ramírez de la Vega, tras un cambio de juzgadora; previamente, el 22 de junio, el juez Mario Elizondo Martínez había negado la solicitud de la FGR. Los cargos giran por los delitos de delincuencia organizada, un delito en materia de hidrocarburos y contrabando. La investigación tuvo origen en el aseguramiento de 33 ferrotanques con hidrocarburo realizado en julio de 2025 en Ramos Arizpe, Coahuila, y ha identificado la participación de 70 personas, incluyendo representantes aduanales y servidores públicos.
La audiencia inicial contra Ruffo Appel y otros siete presuntos implicados comenzó la noche del 17 de julio a las 22:00 horas mediante videoconferencia ante la jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. El procedimiento se extendió por más de 30 horas, según algunos reportes, o hasta 40 horas según otros. Durante la diligencia, la jueza Ramírez de la Vega dictó prisión preventiva contra Ruffo Appel y sus coacusados. En su resolución, la juzgadora concluyó que la participación del exgobernador “no se limita a una intervención material aislada, sino que corresponde a la de un dirigente dentro de una organización criminal con dominio funcional del hecho”.
Mientras Ruffo Appel y cuatro más fueron enviados al Altiplano, los imputados José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales permanecerán en sus domicilios por motivos de salud, y Adriana Magali Bárcenas Guillén quedó presa en el Cereso Nezahualcóyotl Sur. La FGR informó que la defensa de los acusados se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá el próximo martes 21 de julio. La empresa Ingemar, de la cual Ruffo Appel es accionista mayoritario, está vinculada a las investigaciones.
La fiscal Ernestina Godoy afirmó que se desmanteló “la red de huachicol más grande de México”. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó cualquier motivación política en la detención: “Es falso que haya un asunto político aquí. Es derivado de una investigación que tiene un año”, declaró, añadiendo que el caso no tiene relación con audios filtrados de la gobernadora Marina del Pilar Ávila. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, precisó que aún faltan más aprehensiones por cumplimentar.
La detención generó reacciones diversas. Verónica Ruffo, hija del exgobernador, denunció un “trato indigno y humillante” por parte de la FGR y exigió “la presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”. El Partido Acción Nacional (PAN) pidió legalidad y señaló que “nadie debe estar por encima de la ley, pero tampoco por debajo de las garantías que la Constitución reconoce”.
Roberto Gil Zuarth, exsecretario de Gobernación, criticó que la audiencia inicial se desarrollara “a puerta cerrada. Sin prensa, sin público, sin familiares”. “El artículo 20 constitucional ordena que el proceso penal sea público. La ciudadanía no conoce razón alguna para cerrarlo”, afirmó, exigiendo transparencia en el caso. Por otro lado, la Coparmex en Tijuana, Mexicali y Ensenada consideró que el caso es una aplicación “discrecional” de la ley para crear “cortinas de humo ante otros temas que preocupan al país”.
