Ciudad De México, 09 de julio de 2026.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) envió una solicitud de extrañamiento a la Embajada de los Estados Unidos tras la difusión pública de una acusación formal en Nueva York que involucra a altos funcionarios mexicanos, entre ellos el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.
El documento íntegro de la SRE se hizo público tras una orden de la presidenta Claudia Sheinbaum de transparentarlo. En él, la Cancillería se quejó de que las autoridades estadounidenses violaron la confidencialidad al revelar datos sensibles mediante un comunicado de prensa emitido por la Oficina del Fiscal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
En dicho comunicado se publicaron los cargos penales y las identidades de 10 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, encabezados por Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza. La SRE manifestó su preocupación porque la divulgación anticipada de estos datos entorpece los procesos de procuración de justicia y vulnera los derechos al debido proceso de las personas reclamadas en extradición.
La dependencia señaló que el envío a Estados Unidos de los reclamados, en caso de suceder, se podría complicar por no mantener como reservados los nombres. La SRE detalló que la información de una solicitud de esta naturaleza solo debe ser hecha del conocimiento de los implicados una vez que hayan sido detenidos en territorio nacional.
La Cancillería calificó la acción como una contradicción diplomática, puesto que el gobierno estadounidense había solicitado previamente a México que se tomaran medidas para asegurar la confidencialidad de los expedientes. La SRE apuntó que el actuar del fiscal de Nueva York impide garantizar la secrecía que ellos mismos demandaron.
Ante esto, la SRE exigió que en futuras ocasiones el Departamento de Justicia instruya a sus fiscales sobre mantener la confidencialidad de los datos de acusados. A finales de abril, el Gobierno de Donald Trump hizo pública una acusación federal que imputa al gobernador Rubén Rocha Moya y a un grupo de colaboradores de presuntamente cooperar durante años con la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa.
Según las investigaciones presentadas por la justicia norteamericana, los señalados habrían utilizado sus cargos públicos para facilitar el tráfico masivo de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense, actuando a cambio de protección institucional, apoyo político y millonarios sobornos. Además de conspiración para importar narcóticos, les imputan delitos relacionados con la posesión.
