Miami, 26 de junio de 2026.- El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció el cierre de Alligator Alcatraz, el centro de detención para inmigrantes ubicado en los Everglades, al oeste de Miami. El anuncio se realizó en una conferencia de prensa junto a Tom Homan, el zar de la frontera del presidente Donald Trump, en el Aeropuerto Dade-Collier de Entrenamiento y Transición.
DeSantis defendió la iniciativa como exitosa y aseguró que había cumplido “la función para la que fue diseñado”. El mandatario estatal sostuvo que en el centro fueron “procesadas” 21,000 personas y argumentó que la instalación fue concebida para apoyar de forma temporal al Gobierno federal. Según DeSantis, ahora que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuenta con los recursos para hacerse cargo de los detenidos, el centro ya no es necesario.
“Hoy el centro ya no tiene ningún detenido”, dijo DeSantis, aunque precisó que las personas que estaban allí siguen bajo custodia federal. El gobernador indicó que “los trabajos para desmovilizar y desmontar la instalación ya están en marcha”. Sobre el impacto de la medida, afirmó: “Si esta instalación no hubiera existido, no habría habido un lugar donde mantener a estas personas mientras esperaban su deportación. Habrían sido devueltas a las calles. Esto, en última instancia, no tengo ninguna duda de que salvó vidas”.
El Estado de Florida seguirá colaborando con las autoridades federales a través de los acuerdos 287(g) y albergando inmigrantes en el centro de detención Deportation Depot, en el condado Baker, al norte del estado. DeSantis señaló que la creación de Alligator Alcatraz formó parte de un esfuerzo de Florida para respaldar la política migratoria de Trump, que continuará su curso. Actualmente, Florida es el estado con más acuerdos de cooperación entre policías locales y agencias migratorias federales del país, correspondiendo a esta entidad el 40% de los arrestos migratorios realizados bajo dicho programa.
El cierre pone fin a una de las iniciativas más controvertidas y emblemáticas de la ofensiva antiinmigrante de la Administración Trump. La iniciativa ha sido objeto de demandas judiciales y denuncias de violaciones de derechos humanos. Desde su apertura, organizaciones de derechos humanos, abogados y legisladores denunciaron malas condiciones, abusos contra los detenidos, falta de acceso legal y deficiencias en la atención médica. El Gobierno ha negado estas acusaciones.
Según registros oficiales, la mayoría de los inmigrantes recluidos en el centro no tenía antecedentes criminales.
