Ciudad de Mexico, 23 de junio de 2026.- La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de México marcó distancia respecto a los casos que involucran a los presidentes municipales de Tenancingo y Metepec, Nancy Nápoles y Fernando Flores, respectivamente. Francisco Vázquez, diputado local de Morena y presidente de la Jucopo, indicó que el órgano legislativo debe esperar a que exista un fallo judicial en dichos casos antes de poder intervenir.
El legislador explicó que el Congreso del Edomex carece de facultades para actuar de manera directa, pues es necesario agotar primero las instancias judiciales. Además, subrayó que cualquier acción por parte del Congreso requiere una solicitud expresa del Ejecutivo estatal. Vázquez negó las versiones que sugerían una intervención inmediata en los procesos.
“Nosotros tenemos que esperar el resolutivo judicial y a que nos llegue una solicitud del Ejecutivo para poder actuar en consecuencia”, afirmó Francisco Vázquez. Mientras los expedientes permanecen en revisión de las autoridades competentes, la agenda legislativa no contempla iniciar procesos de destitución de alcaldes en el Congreso local.
En relación con Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo quien enfrenta señalamientos por presuntas irregularidades administrativas y un presunto desfalco de recursos municipales, el presidente de la Jucopo deslindó a Morena del caso específico. Aseveró que no hay ninguna afectación al partido por los hechos y defendió la decisión de la agrupación política de retirar los derechos políticos a la edil.
Vázquez sentenció que el retiro de derechos evidencia la voluntad de que no haya impunidad y manifestó que están a favor de que se aplique la ley. Resaltó que esta acción no implica que Morena se deslinde, sino que busca evitar cualquier pretexto de encubrimiento.
Por otro lado, Fernando Flores, alcalde de Metepec, fue denunciado por abuso de autoridad tras ingresar con escoltas armados a un club deportivo. Ante este escenario, la postura del Congreso del Edomex mantiene que la intervención legislativa está supeditada a los resultados de los procesos judiciales en curso.
