Topolobampo, 16 de junio de 2026.- Comunidades indígenas mayo-yoreme y colectivos ambientales clausuraron simbólicamente los accesos a la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa, para exigir la suspensión definitiva del proyecto financiado por capital suizo-alemán. La toma de la instalación, propiedad de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO), filial del grupo Proman, se llevó a cabo cerca de las 4:30 horas del lunes 15 de junio.
Felipe Montaño Valenzuela, gobernador indígena de Ohuira y vocero del movimiento, anunció que mantenerían la ocupación “hasta tener resultados”. En declaraciones a la prensa, Montaño advirtió: “Estamos hablando de la muerte de la bahía y el desplazamiento de los pueblos originarios, porque esto va a generar un etnocidio y un ecocidio”, y sentenció a las autoridades: “Clausuran ustedes, o clausuramos nosotros”. Los manifestantes detuvieron los trabajos de construcción del complejo petroquímico y advirtieron que mantendrán el cerco permanente hasta conseguir la cancelación definitiva de los permisos federales.
El proyecto, que lleva un 88% de avance, pretende producir 2,200 toneladas métricas diarias de amoniaco y está financiado con 860 millones de dólares por el banco público alemán KfW IPEX-Bank. Según informes citados por los opositores, la planta succionará 2,000 metros cúbicos de agua salada por hora para mantener frío el amoniaco, descargando en la bahía agua con una temperatura de hasta tres grados más que la original. Además, un informe de la empresa alertó sobre posibles fugas de gas que podrían generar nubes tóxicas en un radio de 45 kilómetros, impactando a más de 40,000 personas.
El conflicto por la planta de amoniaco y metanol inició en 2014. Hasta la fecha, se han rellenado 28 hectáreas de humedales, se han tumbado manglares y parte de la fauna ha comenzado a migrar en la bahía de Ohuira, zona que incluye el humedal Santa María-Topolobampo-Ohuira, declarado sitio RAMSAR. El colectivo ¡Aquí no! sostiene que el funcionamiento de la fábrica destruirá la pesca ribereña de la región y pondrá en riesgo de intoxicación masiva a habitantes de los municipios de Ahome y Mazatlán. Se estima que el proyecto afectaría a más de 6,600 indígenas de Ohuira, Lázaro Cárdenas, Paredones y Juan José Río.
Ante la escalada del conflicto, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, se reunió en privado con representantes ejidales. Durante el encuentro, Bárcena señaló que “ninguna autorización ambiental previa constituye un cheque en blanco para las empresas transnacionales” y confirmó que la Semarnat inició una revisión técnica y científica exhaustiva del caso. Paralelamente, ambientalistas mexicanos en Alemania realizaron marchas y bloqueos de vialidades para exigir al Gobierno de ese país el retiro inmediato de los fondos de financiamiento público destinados al proyecto.
