Ciudad De México, 11 de junio de 2026.- La Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas mantiene una disputa legal contra la FIFA y el Grupo Ollamani debido a las condiciones impuestas a los propietarios de palcos y plateas del Estadio Banorte durante el Mundial, así como por modificaciones al reglamento que, según afirman, afectan derechos adquiridos por varias décadas.
Roberto Ruano, representante de la asociación, explicó que durante el proceso de prerregistro para asistir a los partidos, los propietarios debieron aceptar un reglamento cuyo contenido completo no estaba disponible en ese momento. “Todos de buena fe firmamos, y cuando terminamos a las dos semanas, misteriosamente ese link apareció y es el nuevo reglamento que afecta nuestros derechos por los siguientes 39, 40 años que queda de vigencia de nuestros contratos”, declaró.
La controversia, que ya se encuentra en los tribunales, surge por el incumplimiento de resoluciones judiciales y cambios que alteran las condiciones bajo las cuales se adquirieron los espacios. Los titulares cuentan con derechos vinculados a la propiedad, incluyendo la posibilidad de vender, rentar o ceder los títulos, así como el uso de cajones de estacionamiento y el ingreso de alimentos y bebidas.
Un grupo de propietarios obtuvo medidas cautelares para garantizar diversos derechos durante los eventos mundialistas, entre ellos el acceso al estadio mediante la exhibición de los títulos de propiedad sin necesidad de boleto, especialmente para quienes no pudieron completar el prerregistro o no tuvieron conocimiento de éste. Dichas medidas también incluyeron el acceso vehicular y la posibilidad de ingresar alimentos y bebidas.
Sin embargo, recientemente intentaron ingresar al inmueble con una orden judicial vigente, pero les fue negado el acceso. Según Ruano, “los abogados del estadio, o de FIFA, no sabemos, ellos se dijeron, somos abogados de aquí, les negamos la entrada porque nosotros nos regimos por las leyes de FIFA, no las de México”.
Los propietarios consideran que esta negativa constituye un desacato, pues sostienen que existen medidas cautelares vigentes emitidas por distintos juzgados. Ya promovieron las acciones legales correspondientes y esperan una resolución judicial.
La situación afecta particularmente a adultos mayores, ya que “más del 70 por ciento de los dueños o titulares de palcos son gente de la tercera edad”, indicó Ruano. Una parte importante de estos propietarios adquirió los palcos durante la década de 1960 y muchos enfrentan dificultades de movilidad.
