Ciudad De México, 27 de mayo de 2026.- Juan Jesús Morales fue vinculado a proceso por el feminicidio de Edith Guadalupe Valdez. Un juez de control mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para el imputado, quien se desempeñaba como vigilante del edificio ubicado en Avenida Revolución 829 de la colonia Nonoalco.
La fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, presentó la reconstrucción cronológica del feminicidio. La Fiscalía sostiene que Edith Guadalupe fue agredida con un arma punzocortante, probablemente un desarmador, dentro de la cabina de vigilancia. El desarmador fue encontrado en un registro del drenaje del inmueble.
De acuerdo con dictámenes periciales, la agresión que provocó la muerte ocurrió entre las 16:23 y las 16:44 horas del 15 de abril, intervalo en el que el sistema de videovigilancia fue desconectado desde la caseta. Otros reportes indican que la desconexión se extendió hasta las 17:44 horas. La Fiscalía evidenció que el imputado habría desconectado las cámaras del lugar en cuatro ocasiones.
En la caseta, peritos localizaron manchas de sangre en el tapanco, en la escalera interna y en la parte baja, así como huellas de limpieza incompleta. Además, la Fiscalía encontró pertenencias de la víctima en distintos puntos del inmueble, incluida su cartera en el baño de la caseta y el teléfono celular oculto en las instalaciones eléctricas. También se localizaron prendas de vestir de hombre con manchas hemáticas.
La defensa argumentó que Juan Jesús ‘N’ nunca tuvo acceso al sistema de videovigilancia y dijo que las desconexiones podrían obedecer a una falla del sistema. Respecto a los hallazgos, la defensa sostuvo que la presencia de manchas hemáticas de la víctima en la caseta “pudo ser plantada” por las propias autoridades y apostó por tratar de echar abajo las acusaciones de la Fiscalía.
Alrededor de las 23:00 horas del 15 de abril, familiares de Edith acudieron al edificio, pero el vigilante negó que hubiera ingresado. La primera revisión policial al inmueble se realizó hasta las 8:30 horas del 16 de abril, pues la diligencia no se concretó antes porque el guardia indicó que se requería autorización del administrador.
La Fiscalía reconoció que entre la denuncia inicial y la inspección transcurrieron cerca de 15 horas, lo que constituye una omisión grave. Para el cierre de la investigación complementaria se otorgó un plazo, reportado de cuatro meses en algunas versiones y de tres meses en otras.
