Badiraguato, 09 de abril de 2026.- Trece elementos del Ejército Mexicano fueron vinculados a proceso por el homicidio de Leidy y Alexa, de 11 y 7 años de edad, así como por la tentativa de homicidio de dos adolescentes y dos adultos, todos integrantes de una misma familia. El juez de control Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, dictó la resolución el 6 de abril por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.
Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025 en la comunidad de La Cieneguilla, Sinaloa. Según el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la familia transitaba en una camioneta con dirección a la escuela cuando, al notar que el camino estaba bloqueado, retornó hacia su casa. “Cuando sin previo aviso o justificación alguna, un convoy de tres vehículos del Ejército que circulaba en el otro carril abrió fuego en contra del vehículo”, señalaron.
De acuerdo con la investigación, el convoy militar disparó en más de cien ocasiones contra la unidad familiar. Leidy y Alexa murieron en el acto, mientras que sobrevivieron una adolescente de 14 años, otra de 12 y dos adultos. Agentes de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos presentaron pruebas que acreditaban “el uso letal de la fuerza de forma injustificada”, calificando los hechos como una “actuación dolosa”.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez destacó que “los elementos castrenses cuentan con adiestramiento y formación en el uso de la fuerza y existía una alta previsibilidad del resultado letal que ocasionaría el accionar sus armas en contra de la camioneta en la que transitaba la familia, además de no actualizarse alguna causal de exclusión de responsabilidad”. Las víctimas habían denunciado previamente “el uso ilegítimo y arbitrario de la fuerza”.
En un inicio, las autoridades anunciaron que se trató de un enfrentamiento, versión que nunca fue desmentida ni corregida públicamente. Por su parte, la defensa de los militares argumentó que los hechos ocurrieron en “un contexto de violencia en el estado”, referido como uno de los más peligrosos del país debido a la disputa entre carteles de la droga. Parallelamente, la jurisdicción militar abrió una investigación sobre el caso.
Las víctimas fueron notificadas el 31 de marzo pasado sobre la ejecución de diversas órdenes de aprehensión en contra de los 13 elementos. Respecto al desarrollo del caso, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez expresó: “La expectativa es que todas las instituciones estén a la altura del desafío que implica garantizar verdad y justicia en el homicidio de dos niñas a manos de elementos castrenses, en un contexto donde en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares la constante es la impunidad”.
