Ciudad De México, 04 de abril de 2026.- La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció una investigación contra California por permitir el traslado de mujeres transgénero a prisiones femeninas, mientras el Departamento de Justicia también investigará al estado de Maine por circunstancias similares. En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó al estado de Minnesota por permitir la participación de niñas trans en deportes femeninos y el Tribunal Supremo determinó que los estados no pueden prohibir las llamadas terapias de conversión.
La fiscal general Pam Bondi declaró respecto a las prisiones: “Mantener a los hombres fuera de las cárceles de mujeres no solo es de sentido común, sino es una cuestión de seguridad y derechos constitucionales”. En California ha habido denuncias de agresiones sexuales, violación, voyeurismo y un clima generalizado de intimidación sexual debido a la presencia de hombres en la prisión de mujeres, en dos cárceles del estado.
En 2020, el gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó la Ley del Senado 132, que otorga a las personas transgénero, no binarias e intersexuales internadas en prisiones estatales el derecho a ser alojadas en instalaciones para hombres o mujeres. Según datos del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California, de los mil 028 reclusos alojados en prisiones masculinas que han solicitado ser trasladados a centros femeninos, solo 47 solicitudes han sido aprobadas, mientras que 132 han sido denegadas. Entre los reclusos en prisiones femeninas que han solicitado su traslado a centros masculinos, un total de 84, siete solicitudes han sido aprobadas y 12 rechazadas.
La demanda contra Minnesota acusa al Departamento de Educación del estado y a la liga estatal de institutos de haber incurrido en una flagrante discriminación sexual. El argumento de la Administración se basa en una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, de febrero de 2025, denominada Excluir a los hombres de los deportes femeninos. La fiscal general, Pam Bondi, afirmó: “La Administración de Trump no tolera políticas estatales erróneas que ignoren la realidad biológica y perjudiquen injustamente a las niñas en el terreno de juego”.
Para este caso, la Fiscalía colaboró con el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y el Departamento de Educación. El secretario de Salud, Robert Kennedy, Jr., afirmó: “No permitiremos que se niegue a las niñas la igualdad de oportunidades y la privacidad básica”. La secretaria de Educación, Linda McMahon, acusó a las políticas de Minnesota de negar a las atletas una competición justa y socavar su derecho a la igualdad de acceso a las actividades educativas. Según denuncian, el Departamento de Educación estatal recibe 3.000 millones de dólares en fondos federales que están condicionados a cumplir con el Título IX.
El alto tribunal justificó su decisión sobre las terapias de conversión en base a la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de religión, expresión, prensa y reunión. La decisión se tomó por ocho votos a favor, solo contó con la oposición de la jueza progresista Ketanji Brown Jackson. Neil Gorsuch señaló: “La Primera Enmienda constituye un escudo contra cualquier intento de imponer la ortodoxia en el pensamiento o la expresión en este país”.
El fallo es una respuesta a la prohibición a las terapias de conversión que había fijado el estado de Colorado, uno de los 20 estados que han vetado esa práctica. Técnicamente, la decisión del Supremo no anula la ley de Colorado, que sigue en vigor, pero envía el asunto a tribunales inferiores. En 2019, Colorado promulgó una ley que prohibía a los profesionales de la salud mental realizar cualquier práctica o tratamiento, incluyendo la terapia verbal, que intente cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona. Los infractores se enfrentan a multas de hasta 5 mil dólares y pueden ser suspendidos del ejercicio de su profesión o pueden perder el permiso.
