Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU llevará la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General, decisión respaldada por el Sistema Universitario Jesuita (SUJ), mientras el Gobierno de México rechazó el informe calificándolo de desactualizado. En medio de la controversia, colectivos dieron el último adiós a familiares hallados, como Marco Antonio Saucedo Rocha, hijo de la líder Ceci Flores.
Organizaciones civiles acusaron al Gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar la descalificación como una técnica para evadir su responsabilidad internacional ante la crisis. El SUJ señaló que es la primera vez que se activa este mecanismo extraordinario ante un problema que califican como generalizado y documentado por más de una década.
A través de un comunicado conjunto, las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores negaron que se permita o tolere desapariciones forzadas. El Gobierno afirmó: “El procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar. Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”. Además, señaló conflicto de interés puesto que uno de los integrantes del Comité trabajó para organizaciones que han presentado quejas contra México.
El jueves 2 de abril de 2026 se llevó a cabo el sepelio de Marco Antonio Saucedo Rocha alrededor de las 17:00 h en el Panteón Municipal, ubicado al norte de Hermosillo. Una prueba de ADN confirmó esta semana que los restos óseos localizados el 24 de marzo en un predio de la zona rural corresponden al joven, quien desapareció en Sonora en 2019. Ceci Flores se convirtió en una de las voces más visibles de la crisis de desapariciones en México tras la desaparición de su hijo Alejandro Guadalupe en 2015 en Los Mochis, Sinaloa.
La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves al Estado mexicano aceptar la cooperación técnica internacional para atender la crisis que afecta directamente a más de 132 mil familias. Las organizaciones Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica denunciaron la impunidad en México en el ámbito de los crímenes contra periodistas. Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, alertó que la impunidad se produce en el 95 por ciento de casos de homicidios contra periodistas y elevó al 100 por ciento cuando se trata de desapariciones.
Según datos de Reporteros Sin Fronteras, desde el año 2000 más de 150 periodistas fueron asesinados y al menos 28 permanecen desaparecidos en México. Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, explicó cómo se construyó el proceso para remitir el caso a la Asamblea General tras años de trabajo con colectivos. Jacobo Dayán explicó por qué hablar de crímenes de lesa humanidad en México no es un exceso retórico, sino un cambio de escala jurídica y política.
