Morelia, 28 de marzo de 2026.- Un juez de control del fuero común con sede en esta ciudad giró 16 órdenes de aprehensión en contra del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Juan Bernardo Corona Martínez, y 14 agentes de la Policía Estatal, por su presunta responsabilidad en los delitos de tortura, homicidio y abuso de autoridad cometidos durante un operativo policial en 2017.
Carlos Torres Piña, titular de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, confirmó la emisión de los mandamientos de captura, según reportes de medios locales. Las autoridades judiciales determinaron que existen elementos suficientes para procesar a los implicados por los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en la localidad de Arantepacua, perteneciente al municipio de Nahuatzen.
La investigación fiscal establece que el operativo derivó en la muerte de cuatro personas, así como en 10 casos documentados de tortura, 38 tratos crueles e inhumanos y 48 detenciones arbitrarias. Los cargos se desprenden de la actuación de las fuerzas de seguridad durante un bloqueo carretero realizado por miembros de la comunidad purépecha, contexto marcado por una disputa territorial por 512 hectáreas de bosque.
Entre los imputados figura Silvano Aureoles Conejo, quien ya enfrentaba procesos legales previos de origen federal relacionados con un presunto desfalco millonario en la construcción de estaciones policiales durante su administración. La nueva causa penal lo vincula directamente con las decisiones tomadas durante la intervención policial que dejó un saldo de víctimas fatales y lesiones graves a civiles.
También fue incluido en las órdenes de aprehensión Juan Bernardo Corona Martínez, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública en el momento de los hechos, junto con 14 elementos operativos de la policía estatal que participaron en el despliegue. La fiscalía atribuye a este grupo la ejecución de las acciones que configuraron los delitos de homicidio calificado y tortura.
Con la emisión de estas 16 órdenes de aprehensión, la Fiscalía General del Estado de Michoacán busca llevar a juicio a los responsables políticos y operativos del incidente de Arantepacua. Hasta el momento, no se ha informado sobre la detención inmediata de los señalados, por lo que se espera que las autoridades inicien las diligencias para hacer efectivos los mandamientos judiciales.
