Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- Un informe titulado “Elecciones Judiciales 2025: Balance Crítico” denunció fallas estructurales, vacíos legales y posibles interferencias en el proceso electoral judicial realizado el año pasado. El documento, elaborado por la Fundación Konrad Adenauer México junto con organizaciones como México Evalúa, Juicio Justo y el Centro para la Investigación de Crímenes Atroces, señala que el ejercicio estuvo marcado por la improvisación y una baja participación ciudadana.
De acuerdo con los datos presentados en el estudio de más de 200 páginas, la participación ciudadana alcanzó apenas el 13% del censo electoral, lo que equivale a cerca de 13 millones de personas. Las organizaciones involucradas en la investigación alertan sobre la falta de claridad en los mecanismos de orientación del voto, conocidos como “acordeones”, y cuestionan la responsabilidad de las autoridades competentes ante la improvisación registrada durante el proceso.
El análisis revela que todos los jueces electos para la Suprema Corte de Justicia cuentan con el respaldo del Gobierno. Asimismo, el informe detalla que el 65% de los magistrados federales y el 42% de los juzgadores federales elegidos también fueron respaldados por la administración pública, cifras que alimentan las críticas sobre la independencia del poder judicial tras la reforma de 2024.
Juan Pablo Campos, gerente de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer México y coordinador del estudio, encabezó la presentación de estos hallazgos en la capital del país. La investigación se centra en la primera elección judicial extraordinaria llevada a cabo tras la implementación de la reforma judicial de 2024, identificando deficiencias que podrían comprometer la legitimidad de los nombramientos.
Entre las entidades participantes en la elaboración del balance crítico se encuentran Diálogo Judicial y el Laboratorio Electoral, quienes sumaron esfuerzos para documentar los vacíos legales detectados. El documento pone énfasis en la necesidad de revisar los procesos futuros para evitar la repetición de las irregularidades señaladas en esta primera experiencia de elección popular de impartidores de justicia.
La publicación de este reporte ocurre en un contexto de debate sobre la eficacia de la reforma judicial implementada recientemente. Las organizaciones civiles exigen transparencia y corrección de los mecanismos utilizados, mientras que los datos sobre el respaldo gubernamental a la mayoría de los electos generan cuestionamientos sobre la autonomía real de los nuevos integrantes del sistema de justicia mexicano.
