Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó este miércoles el denominado ‘Plan B’ electoral, una reforma constitucional que excluye finalmente la modificación al artículo 35 sobre la revocación de mandato. La votación registrada arrojó 87 sufragios a favor y 41 en contra, consolidando un paquete legislativo que limita a 15 el número máximo de regidurías y reduce bonos y prestaciones a funcionarios de los organismos electorales.
La aprobación en lo general del dictamen, que modifica 103 artículos de la Constitución distribuidos en 46 decretos, marcó el fin de una jornada legislativa tensa para la coalición oficialista. Aunque el Partido del Trabajo (PT) había mostrado resistencia inicial a descartar el adelanto de la consulta de revocación de mandato a 2027, la decisión de Morena de retirar dicho punto permitió destrabar el proceso y mantener la unidad con sus aliados del PVEM y el PT.
Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, encabezó la estrategia parlamentaria para sacar adelante la iniciativa tras las negociaciones internas. Por su parte, Alberto Anaya, senador y líder del PT, así como Waldo Fernández, legislador del PVEM, figuraron entre los involucrados clave en las discusiones que precedieron a la votación. A pesar de que el PVEM se posicionó como aliado en la votación final, existen registros que señalan posturas divergentes al interior de la bancada, como la del senador Luis Melgar, quien según algunas fuentes votó en contra de la iniciativa.
El contenido central de la reforma aprobada se enfoca en la austeridad y reestructuración de los órganos locales e institutos electorales. La limitación de regidurías busca, según los impulsores de la medida, optimizar el gasto público y simplificar la integración de los ayuntamientos. Asimismo, la reducción de prestaciones para los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) representa uno de los ejes financieros del cambio normativo.
La exclusión de la reforma a la revocación de mandato fue interpretada en el contexto político como una medida para evitar fracturas en el bloque gobernante. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo vinculó el rechazo a modificar el calendario de la revocación con el temor de los partidos aliados a que su figura apareciera en la boleta electoral de 2027, lo que habría generado un escenario de incertidumbre para los socios de la coalición.
Con esta aprobación, el ‘Plan B’ electoral avanza en su trámite legislativo, dejando fuera la polémica sobre el mecanismo de rendición de cuentas anticipada. Los partidos de oposición, incluyendo al Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), conformaron el bloque de los 41 votos en contra, manteniendo su postura crítica frente a los cambios propuestos por la mayoría oficialista en el Congreso.
