Coatzacoalcos, 27 de marzo de 2026.- El Grupo Interinstitucional conformado por las secretarías de Marina (Semar), Medio Ambiente (Semarnat), Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Pemex y la Profepa, informó que el derrame de hidrocarburos que afecta al litoral del Golfo de México proviene de tres fuentes distintas: un presunto vertimiento ilegal de un buque y dos chapopoteras naturales.
De acuerdo con el reporte oficial, el contaminante tiene su origen en la zona de fondeo de Coatzacoalcos, donde se identificó la embarcación responsable del vertimiento, así como en emanaciones naturales ubicadas en el Golfo. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que, aunque hubo un derrame original de un barco, existen otras manchas en la región cuyas fuentes están siendo investigadas para determinar su procedencia exacta.
Para atender la contingencia, las autoridades han desplegado más de 2,450 elementos en puntos estratégicos del litoral. Hasta el momento, se han intervenido 223 kilómetros de playas y se ha logrado retirar más de 430 toneladas de contaminantes. El gobierno federal mantiene un operativo coordinado para la contención y limpieza de las zonas afectadas.
En contraste con la versión gubernamental, organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Conexiones Climáticas y CartoCrítica presentaron un análisis basado en imágenes satelitales que sugiere un origen único del derrame. Las ONGs ubican el inicio de la contaminación en febrero cerca de la plataforma Abkatún, en Campeche, y aseguran que fue causado por una embarcación, contradiciendo la hipótesis de las múltiples fuentes naturales sostenida por las autoridades.
Los colectivos ambientalistas criticaron la actuación oficial, afirmando que las imágenes evidencian un conocimiento temprano del incidente, una contención insuficiente y opacidad en el manejo de la información. En un comunicado, exigieron claridad sobre la magnitud del derrame, sus riesgos y las medidas de respuesta, señalando que no hubo información pública oportuna durante las primeras etapas de la emergencia.
La discrepancia entre la narrativa oficial y los reportes de la sociedad civil pone en relieve los conflictos sobre el momento de inicio de la contingencia y las causas reales del desastre ambiental. Mientras el gobierno investiga las responsabilidades del vertimiento ilegal y monitorea las chapopoteras, las organizaciones demandan transparencia y acciones más efectivas para mitigar el impacto en el ecosistema marino y las comunidades costeras.
