Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó con 458 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones la reforma constitucional que establece un tope a las pensiones del personal de confianza en el sector público. La modificación al artículo 127 de la Constitución determina que estos beneficios no podrán rebasar la mitad de la remuneración del titular del Ejecutivo federal, monto que asciende aproximadamente a 70,000 pesos mensuales.
La iniciativa, impulsada directamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya cuenta también con la aprobación del Senado de la República, donde se registraron 109 votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones. Con este respaldo legislativo en ambas cámaras, la reforma busca eliminar lo que el oficialismo califica como privilegios excesivos en los sistemas de retiro de altos funcionarios y empleados de confianza.
Pedro Haces Barba, diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), defendió la medida como una corrección necesaria a las desigualdades en el sistema de seguridad social. Por su parte, Rubén Moreira, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), anunció que su bancada votaría a favor de la reforma, aunque expresó inconformidad y críticas respecto a ciertas omisiones en el texto y los riesgos de una aplicación retroactiva.
La aprobación legislativa ha generado movilizaciones de grupos de jubilados y pensionados. En Baja California, manifestantes se concentraron frente al Congreso local, mientras que en la capital del país se registraron protestas en los accesos del Palacio Legislativo. Victoria Bentley, lideresa de la organización Unidos en la Defensa de ISSSTECALI, manifestó su rechazo a la medida, centrando sus argumentos en el temor de que la nueva normativa afecte derechos adquiridos con carácter retroactivo.
El debate en torno a la reforma ha puesto sobre la mesa la controversia entre la intención gubernamental de austeridad y la certeza jurídica de los trabajadores del Estado. Mientras el oficialismo insiste en que la medida nivelará las pensiones con la realidad económica del país, los sectores opositores y afectados continúan exigiendo claridad sobre la implementación final y la garantía de que no se vulnerarán las prestaciones de quienes ya se encuentran en situación de retiro.
