Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- En medio de la búsqueda de más de 30 personas vinculadas al caso Pirasol y de cinco ciudadanos colombianos desaparecidos en Baja California, familiares y colectivos exigieron este jueves respuestas claras a las autoridades, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que esta semana se dará a conocer el registro nacional de personas desaparecidas.
Naomy Geraldine Rojas Cervantes, una de las personas reportadas como desaparecidas, fue localizada y ya se integra con su familia, confirmó la reportera Itzel Cruz Alanís. Sin embargo, persiste la incertidumbre en otros casos, como el de Jesús Salvador Ramos Jaime, cuyo esposo, Adilene Martínez, cuestionó la falta de motivos para su sustracción: “Somos personas honestas… no sé por qué me lo quitaron”.
En Baja California, el fiscal Arturo Mandujano, identificado como fiscal regional de Rosarito, proporcionó detalles sobre el caso de Eyder Andrés Marín Agudelo. La autoridad indicó que la persona desaparecida se comunicó con su expareja para informar que había tenido un percance y posteriormente que ya estaba mejor, pero después se perdió la comunicación. Mandujano señaló que hay dos teléfonos ubicados aparentemente por la carretera Tijuana-Rosarito y otro por la vía Rosarito-Ensenada.
La desesperación también se manifiesta en el colectivo “Caso Pirasol”, donde María de los Ángeles Rodríguez García, vocera del grupo y hermana de Rafael, uno de los dos choferes del autobús desaparecido hace 16 años, continúa liderando las acciones de búsqueda. Por su parte, Margarita Mora Hernández, madre de Heidi Shanik López Mora, denunció que a un mes de los hechos la Fiscalía General del Estado no ha dado respuestas claras sobre las investigaciones.
Ante la crisis de desapariciones que afecta a entidades como Ciudad de México, Baja California Sur, Coahuila y Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que “esta semana se dará a conocer el registro de personas desaparecidas en el país”. Este anuncio ocurre en un contexto donde colectivos familiares realizan búsquedas en vida, bloqueos carreteros y marchas, mientras que en algunos casos autoridades como la FGR y la Guardia Nacional acompañan los operativos, aunque en otros los familiares denuncian falta de resultados.
