Torreón, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Coahuila reportó avances significativos en la investigación del presunto fraude inmobiliario conocido como el ‘Cártel Inmobiliario’, con 60 denuncias formales y 12 órdenes de aprehensión giradas, mientras un grupo de afectados se manifestó frente a la Delegación Laguna I para exigir celeridad en la ejecución de las capturas y castigo a los responsables.
El delegado regional Carlos Rangel informó que, tras un año de investigaciones coincidiendo con la llegada del fiscal general Federico Fernández Montañez, se estableció una estrategia de atención directa que incluye más de 20 sesiones de trabajo con las víctimas. Como resultado de estas acciones, dos mujeres se encuentran detenidas y una más fue reaprehendida recientemente, aunque el funcionario reconoció que aún falta la localización de dos personas señaladas como principales organizadores del esquema, quienes cuentan con amparos para evitar su captura.
Pese a los informes oficiales, los afectados mantienen una postura de desconfianza hacia la autoridad. Alfonso Serrano, uno de los manifestantes, acusó al fiscal general de negarles atención efectiva, citarlos a horas tempranas para atenderlos hasta la noche y no responder a las llamadas en los canales de comunicación proporcionados. Los inconformes sostienen que, de las 60 denuncias presentadas por un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos, únicamente dos casos han logrado ser judicializados, contradiciendo la versión fiscal de que la mayoría de las carpetas están integradas.
La tensión entre las partes se agudiza por la impunidad percibida en torno a algunos implicados. Reportes periodísticos señalan que uno de los presuntos responsables ha sido detenido y liberado en tres ocasiones, mientras que el exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, identificado como uno de los actores centrales, habría huido a España, dato que las víctimas utilizan para cuestionar la efectividad de las órdenes de aprehensión si no se ejecutan.
Ante los señalamientos sobre posibles acuerdos reparatorios que han permitido la liberación de detenidos, el delegado Rangel explicó que estos procedimientos son legales cuando la víctima acepta la reparación del daño, imposibilitando a la autoridad intervenir en dichas decisiones. No obstante, enfatizó que la ley se aplicará parejo sin importar el nivel de los involucrados, manteniendo la Fiscalía las puertas abiertas para recibir nuevas denuncias de posibles víctimas que no se han sumado al grupo inicial de 27 afectados.
La información recabada para este reporte proviene exclusivamente de fuentes del portal El Siglo de Torreón, medio que ha dado seguimiento puntual a las declaraciones de ambas partes. La discrepancia entre los datos oficiales de judicialización y la percepción de nula actuación por parte de los damnificados refleja la complejidad del caso, donde la ejecución de las órdenes pendientes se perfila como el punto crítico para destrabar la impartición de justicia en La Laguna.
