Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México declaró que no existe ningún acuerdo oficial ni marco normativo que permita la integración del servicio de taxi concesionado a plataformas diseñadas para vehículos particulares, como Uber. Esta postura contrasta con el anuncio reciente de una alianza operativa entre Uber México y la organización de taxistas MX Taxi, la cual busca habilitar la solicitud de unidades concesionadas directamente desde la aplicación de la empresa de transporte privado.
Félix Olmo, director general de Uber México, informó sobre esta colaboración con el gremio de taxistas de MX Taxi, señalando que responde a la necesidad de atender la demanda de transporte esperada durante la Copa del Mundo de Fútbol 2026. Según lo planteado por las partes involucradas, el modelo permitiría a los usuarios solicitar taxis a través de la interfaz de Uber, manteniendo los conductores su carácter de transporte público regulado y operando bajo la tecnología de MX Taxi.
Ante este escenario, la Semovi emitió un comunicado en el que refuerza su compromiso de supervisar el cumplimiento de la normativa vigente y aplicar las sanciones correspondientes a quienes incumplan las disposiciones legales. La autoridad capitalina fue categórica al indicar que, hasta el momento, la integración de estos servicios no cuenta con autorización, lo que deja en un limbo jurídico la operación conjunta anunciada por las empresas.
El conflicto de posturas pone en evidencia la tensión entre la innovación en modelos de movilidad y la regulación local. Mientras Uber y MX Taxi destacan que el acuerdo es resultado de dos años de trabajo para concretar esta unión, la falta de respaldo por parte de la autoridad de movilidad expone a los operadores a posibles multas de hasta 400 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por incumplimiento normativo.
Hasta el cierre de esta edición, no se ha registrado una respuesta formal por parte de Uber o MX Taxi ante la advertencia emitida por la Semovi. La situación permanece en espera de que se definan los mecanismos legales que podrían validar esta integración o de que inicie la aplicación de sanciones por parte del gobierno de la Ciudad de México.
