Lázaro Cárdenas, 27 de marzo de 2026.- Dos profesoras fueron asesinadas el pasado 24 de marzo en una preparatoria de esta ciudad, en un ataque perpetrado por un adolescente de 15 años identificado como Osmar N. El suceso ha desencadenado un proceso legal bajo la legislación mexicana para menores de edad y ha motivado respuestas a nivel federal.
Las víctimas fueron identificadas como María del Rosario Sagrero y Tatiana Madrigal Bedolla, ambas docentes de la institución educativa donde ocurrieron los hechos. De acuerdo con los datos recabados, el agresor realizó al menos 14 disparos durante el incidente.
Para cometer el ataque, el menor utilizó un fusil AR-15 calibre 5.56. Reportes indican que el valor aproximado de este tipo de armamento es de 899 dólares, lo que equivale a alrededor de 17,000 pesos mexicanos. La posesión de este fusil por parte de un civil constituye un delito federal grave en México.
El proceso penal se lleva a cabo conforme a la legislación vigente para personas menores de edad. Para individuos de entre 14 y menos de 16 años al momento del delito, la pena máxima de internamiento establecida es de tres años, incluso en casos de homicidio doloso.
Tras el hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó la creación de un Programa de Salud Mental para estudiantes como parte de las acciones subsiguientes al tragedy. La mandataria abordó el tema en el contexto de la seguridad y el bienestar en las escuelas del país.
La situación legal del adolescente sigue el curso correspondiente a su edad cronológica al momento de los hechos. Las autoridades competentes continúan con las diligencias necesarias dentro del marco jurídico aplicable a menores infractores.
El caso ha puesto en discusión las medidas de seguridad en los planteles educativos y el acceso a armas de fuego. Mientras avanza el proceso, la comunidad educativa permanece a la espera de las resoluciones oficiales dentro de los términos establecidos por la ley.
