Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley de Vivienda con 356 votos a favor y 99 en contra en lo general, y 354 votos a favor y 95 en contra en lo particular. La modificación, impulsada por Morena y sus aliados, permite que Infonavit y Fovissste constituyan filiales para comprar terrenos, construir o remodelar vivienda destinada a venta o renta.
La reforma cambia el concepto constitucional de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada”, según el texto aprobado en el recinto legislativo. El Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional objetaron la iniciativa, argumentando que se traslada la carga de la construcción a los fondos de los trabajadores y que transforma el modelo de las instituciones de facilitadoras de crédito a intermediarias.
De manera paralela a la aprobación legislativa, se anunció un programa de vivienda social con respaldo federal en Sonora. La inversión autorizada asciende a 10,000 millones de pesos, con una meta de viviendas aumentada de 33,800 a 65,000 unidades en la entidad.
Según los datos del programa estatal, en Sonora hay 9,694 viviendas en construcción y 18,126 en planeación. El gobernador Alfonso Durazo Montaño está involucrado en el anuncio del programa paralelo de vivienda social con respaldo federal en la entidad.
La diputada Sandra Patricia Palacios, de Morena, figura entre los involucrados en el proceso de aprobación de la reforma. Por su parte, la diputada Blanca Gutiérrez Garza, del PAN, se encuentra entre los legisladores que objetaron la iniciativa, aunque las posturas de su partido se centran en las críticas al cambio de modelo de las instituciones de vivienda.
La aprobación de estas reformas marca un cambio significativo en la política de vivienda del país, al permitir que los organismos de vivienda de los trabajadores participen directamente en el desarrollo inmobiliario, no solo como otorgantes de créditos. El debate legislativo reflejó la división entre la mayoría oficialista, que avala el modelo como parte de la “vivienda del bienestar”, y la oposición, que advierte sobre los riesgos para los fondos de los trabajadores.
