Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Vivienda con 354 votos a favor y 95 en contra, en una sesión celebrada este martes en la capital del país, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo públicos sus reportes de donativos a instituciones educativas y de justicia, así como gastos destinados al Sindicato del Poder Judicial, lo que ha generado cuestionamientos por la priorización de recursos en el contexto de recortes presupuestales.
La aprobación de la modificación legislativa marca un avance en la agenda social del Congreso de la Unión, donde participaron actores como la Comisión de Vivienda y diversas fracciones parlamentarias. La iniciativa busca fortalecer el acceso a una vivienda adecuada, un derecho constitucional que enfrenta desafíos ante la realidad de que más del 55% de la población ocupada en México labora en el sector informal, según datos contextualizados en el debate legislativo.
En paralelo, la SCJN, encabezada por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, dio a conocer cifras de sus contribuciones financieras. En 2024, el tribunal donó 7 millones de pesos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 3.4 millones a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. En los últimos años, la suma total de estos apoyos ha alcanzado los 32.5 millones de pesos, reflejando un esfuerzo por vincular al poder judicial con la academia y la profesionalización jurídica.
Sin embargo, informes internos revelan una contradicción en la gestión de fondos para el ejercicio 2025. Mientras la Corte canceló los donativos para becas destinados a la UNAM y a la Asociación de Impartidores de Justicia argumentando falta de presupuesto, en ese mismo año destinó 1.5 millones de pesos al Sindicato del Poder Judicial para la organización de eventos. Entre 2021 y 2024, el monto total erogado para actividades sindicales ascendió a 10.2 millones de pesos, cifra que contrasta con la suspensión de apoyos educativos.
El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, reconoció que, a pesar de la firma de convenios para fortalecer la justicia con perspectiva de género, aún no se ha alcanzado la equidad real entre hombres y mujeres en el sistema jurídico mexicano. Este comentario se da en un contexto donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la participación de la magistrada Mónica Soto Fregoso, promueve acciones para garantizar la paridad, como se observa en Quintana Roo, donde 62 de 117 cargos judiciales son ocupados por mujeres.
En el ámbito ejecutivo y local, continúan los trabajos del proyecto Viviendas del Bienestar en San Pedro, el cual contempla la construcción de 2,490 casas. La iniciativa involucra a diversas instancias como Infonavit, bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza, y cuenta con la participación de gobiernos estatales y alcaldías, como la de La Magdalena Contreras en la Ciudad de México, encabezada por Fernando Mercado Guaida, así como legisladores locales como la diputada Diana Sánchez Barrios.
La dinámica legislativa y judicial de estas semanas evidencia una agenda activa en temas de derechos sociales, aunque persisten tensiones respecto a la transparencia y asignación de recursos públicos. Organizaciones como la Secretaría de las Mujeres, dirigida por Citlali Hernández Mora, y sectores como la Iglesia católica mexicana y la CTM, liderada por Tereso Medina, mantienen su influencia en los debates sobre las reformas que impactan la estructura social y laboral del país.
