Veracruz, 25 de marzo de 2026.- Existe una discrepancia entre las autoridades estatales y organizaciones civiles respecto a la magnitud del derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, el cual ha dejado un saldo de al menos 12 animales muertos y afecta a 51 sitios reportados entre Veracruz y Tabasco. Mientras la gobernadora Rocío Nahle asegura que las playas están limpias, grupos ecologistas y legisladores denuncian una mancha de 630 kilómetros de litoral que continúa arribando a la costa.
De acuerdo con reportes de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México y Greenpeace, el primer avistamiento del vertimiento ocurrió entre el 1 y 2 de marzo de 2026. Hasta la fecha, se han confirmado 42 sitios afectados en Veracruz y nueve en Tabasco. La lista de fauna impactada incluye siete tortugas marinas, dos delfines, dos manatíes y un pelícano, según los registros preliminares de las organizaciones.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, restó importancia al evento al declarar que se trataba de “gotas” y que las playas se encuentran limpias. Esta versión contrasta con las denuncias de pescadores de Pajapan, activistas como Obet Hernández y la diputada Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, quienes exigen la activación inmediata del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos.
Ante la gravedad reportada por la sociedad civil, la diputada Sergio Gil, también de Movimiento Ciudadano, ha solicitado la instalación de una mesa de crisis interinstitucional. Por su parte, Renata Terrazas, directora ejecutiva de Oceana, y otros actores han puesto en duda el avance del 85% en las labores de limpieza informado por Petróleos Mexicanos el 19 de marzo, señalando que la cobertura de atención es desigual y que el arribo de petróleo persiste.
El incidente ha forzado la suspensión de actividades pesqueras y turísticas en las comunidades costeras, generando un impacto económico directo en la región. La situación ha trascendido las fronteras estatales, pues se han detectado manchas de hidrocarburos en Tamaulipas, lo que ha obligado a las autoridades de dicho estado a intensificar sus protocolos de vigilancia.
En el ámbito federal, la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Andrea González Hernández, y el Procurador Estatal del Medio Ambiente de Veracruz, Ángel Carrizales López, figuran como los funcionarios involucrados en la gestión de la crisis, aunque persiste la controversia sobre la efectividad de las respuestas actuales frente a la extensión del daño ecológico.
