Ciudad De México, 24 de marzo de 2026.- El juez Gerardo Anguiano Ceja vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por delitos relacionados con el proyecto Next Energy, tras concluir una audiencia que se extendió por casi 24 horas y que había iniciado el 23 de marzo. La decisión judicial fija una garantía económica de alrededor de 100 mil pesos y establece un plazo de seis meses para la investigación complementaria presentada por la Fiscalía General del Estado de Baja California.
Las acusaciones se centran en un contrato para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali que nunca se materializó, lo cual habría generado un daño al erario estatal. Según los datos duros del caso, el proyecto comprometía pagos mensuales de 123 millones de pesos durante un periodo de 30 años. La autoridad judicial determinó que existen elementos suficientes para someter a Bonilla Valdez a proceso penal por las irregularidades detectadas en los permisos y compromisos financieros durante su gestión.
En su defensa, Jaime Bonilla Valdez argumentó que los pagos vinculados al proyecto de 123 millones de pesos se efectuaron entre enero y febrero de 2022, periodo en el que él ya no se encontraba en funciones como gobernador, pues su administración concluyó en 2021. Asimismo, el exmandatario sostuvo que su gobierno únicamente pactó el pago por un servicio y no la construcción de la planta, contradiciendo la tesis fiscal que señala responsabilidades directas en la autorización y financiamiento de la obra inconclusa.
La controversia jurídica surge en un contexto donde Bonilla Valdez, quien gobernó la entidad de 2019 a 2021, ha asumido posteriormente la dirigencia estatal del Partido del Trabajo (PT). El caso Next Energy representa una de las investigaciones más significativas sobre presuntos actos de corrupción en la entidad fronteriza, enfocándose en el impacto financiero de contratos públicos que no derivaron en beneficios para la población.
Con la vinculación a proceso, el caso entra en una fase de investigación complementaria que durará seis meses, tiempo durante el cual la fiscalía deberá presentar mayores elementos de prueba. La resolución del juez Gerardo Anguiano Ceja en la Ciudad de México marca un punto de inflexión legal para el exgobernador, quien ahora enfrenta consecuencias penales por las decisiones tomadas durante su sexenio en Baja California.
