Tijuana, 24 de marzo de 2026.- A 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, el presunto autor material, Mario Aburto Martínez, permanece recluido en un penal federal de Morelos a la espera de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva su situación legal. Mientras militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) realizan homenajes en Baja California, la defensa de Aburto sostiene que su sentencia debería haber concluido en 2024 bajo el criterio del Código Penal local.
La controversia jurídica surge de un amparo concedido en 2023 por un tribunal federal, el cual anuló la sentencia original de 45 años de prisión al determinar que debió aplicarse la legislación de Baja California, donde la pena máxima es de 30 años. Bajo este nuevo criterio, Aburto habría cumplido su condena hace dos años. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, impugnó dicho fallo, llevando el caso ante el máximo tribunal del país, donde se encuentra pendiente de resolución.
En el marco de las conmemoraciones, Bernardo Saldaña Téllez, presidente de la Fundación Colosio, participó en los actos recordatorios junto a militantes priistas de la entidad, entre ellos Eva Baeza, Miguel Valadez, Édgar Moreno y Luis López Moctezuma. Por su parte, Laura Colosio, hermana del excandidato presidencial, ha mantenido la exigencia de claridad sobre el crimen que truncó la campaña del PRI en 1994.
Jesús González Schmal, abogado defensor de Mario Aburto, ha argumentado que su cliente fue víctima de tortura para obtener una confesión y ha señalado que, de no confirmarse su liberación tras la decisión de la SCJN, acudirán a instancias internacionales. Hasta el momento, no se ha hecho pública una posición oficial unificada del gobierno federal o de la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno, sobre la posible excarcelación del sentenciado.
La incertidumbre jurídica se mantiene mientras el Juzgado de Toluca no emite una resolución definitiva y la Corte no establece el precedente final. El caso continúa siendo un punto de referencia en la historia política de México, marcando tres décadas de impunidad percibida por sectores de la sociedad y una batalla legal que define el futuro inmediato de Mario Aburto Martínez.
