Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- Familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda en Coahuila, Morelos y Sinaloa exigieron avances concretos en sus casos durante reuniones con autoridades estatales, mientras la Fiscalía de Morelos confirmó el inicio de exhumaciones en Jojutla y la Comisión de Derechos Humanos de Sinaloa denunció la muerte de ocho desplazados que regresaron a sus hogares.
El colectivo Familias por Policías Municipales Desaparecidos, representado por Cristian Eduardo Castro Cigala, solicitó integrarse a las plenarias estatales en Coahuila y fue informado que su petición está en la Comisión Estatal de Derechos Humanos para su visto bueno. Luz Flores Peña, madre de Julio Villagrana Flores, relató que su hijo, policía municipal, desapareció hace 15 años tras ser arrestado por autoridades policiales en Torreón y expresó que el expediente no presenta avances.
En Morelos, el fiscal general del Estado, Fernando Blumenkron, confirmó que el lunes posterior al 21 de marzo iniciarían formalmente los trabajos de exhumación en la fosa común del panteón de la comunidad de Pedro Amaro, en Jojutla. La reactivación de estos trabajos se produce tras un año de suspensión en las búsquedas de restos en la zona.
Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, criticó el manejo de los retornos de familias desplazadas a sus comunidades, señalando que no se acatan los protocolos establecidos. Denunció la muerte de ocho desplazados que regresaron a sus hogares, sin que se especifiquen las causas exactas de los fallecimientos.
La Fiscalía de Personas Desaparecidas en Coahuila emitió una alerta para localizar a Natali Camila Sánchez Cisneros, de 14 años, desaparecida el 20 de marzo en Saltillo. Paralelamente, Elena Cruz Ramírez, madre de Mauricio Vázquez Cruz, denunció la desaparición de su hijo desde el 20 de diciembre de 2025 en Navolato, Sinaloa, y la falta de avances y apoyo de las autoridades.
Los casos reportados reflejan la persistencia de la crisis de desapariciones en tres estados mexicanos, donde colectivos de búsqueda mantienen presión sobre las instituciones para obtener respuestas sobre el paradero de sus familiares y la implementación de protocolos de seguridad para poblaciones desplazadas.
