Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica (SESNSP) reporto 47 casos de muertes violentas de menores durante el primer trimestre de 2026, una cifra que ha detonado movilizaciones ciudadanas y exigencias de justicia por parte de familiares y colectivos de busqueda. Entre los casos que han visibilizado esta crisis se encuentran los de Ricardo Mizael, un adolescente de 15 años originario de Sinaloa, y Eitan Daniel, un niño de Ciudad Juarez, Chihuahua, cuyos familiares han sido detenidos en relacion con su desaparicion.
La informacion difundida por medios digitales como debate.com.mx señala que la violencia contra la infancia afecta a entidades como Sinaloa, Chihuahua y Guanajuato. En este ultimo estado, se han registrado hallazgos de restos humanos en pozos de riego en localidades como Villagran y Mexicanos, aunque las autoridades judiciales no han confirmado oficialmente la vinculacion de estos hechos con grupos del crimen organizado ni precisado el numero exacto de victimas encontradas en dichos sitios.
Ante la impunidad y la recurrencia de estos delitos, diversos actores sociales han impulsado la campana ‘Con nuestros niños no’, bajo la cual se han movilizado aproximadamente 2,000 personas. Estas acciones buscan presionar a las instituciones para que se priorice la proteccion de la infancia y se aclaren los casos de menores desaparecidos o asesinados, destacando el papel activo de los colectivos de busqueda en la localizacion de victimas.
El caso de Eitan Daniel ha generado particular atencion debido a la detencion de cinco personas involucradas, incluyendo a su propia madre, lo que subraya la complejidad de las investigaciones sobre violencia intrafamiliar y desapariciones. Por otro lado, la situacion de Ricardo Mizael en Sinaloa ejemplifica los riesgos que enfrentan los adolescentes en zonas afectadas por la inseguridad.
Medios como Latinus y Milenio tambien han dado seguimiento a esta problematica, integrando los reportes del SESNSP con las demandas de la sociedad civil. A pesar de las cifras oficiales disponibles, persisten vacios de informacion respecto a fechas exactas de hallazgos y detalles operativos de las investigaciones en curso, lo que mantiene la incertidumbre en torno al alcance real de la violencia contra menores en el pais.
La presentacion de estos datos en el primer trimestre del año sirve como un llamado de atencion para las autoridades federales y estatales, quienes enfrentan el reto de reducir estos indices y garantizar la seguridad de la poblacion mas vulnerable. Las movilizaciones continuan como mecanismo de presion social mientras se espera mayor claridad por parte de las instancias encargadas de impartir justicia.
